Mientras el ex ministro Andrés Camacho adujo, a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por la Gestora del Mercado del gas, que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el Presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder”.
Con esta afirmación del Presidente se violó la presunción de inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de servicios públicos para “proceder” de acuerdo con su juicio de valor. No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del Despacho del Presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado social de derecho que nos rige.
Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la ANH un cuestionado informe sobre el Balance reservas/producción de gas natural, el cual mostraba una caída de las reservas, la entonces Ministra Irene Vélez, para descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, sumando peras con manzanas, concluyó que teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el año 2037.
Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó a su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez, como sí lo mostraban las cifras de la Gestora del Mercado del gas. VANTI, como todas las demás comercializadoras se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizarle a sus usuarios la prestación del servicio de gas se dispusieron a comprar gas importado. No obstante, como, según el Ministro, no había escasez de gas, tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.
Y, cuando el 1 de diciembre se recibió el primer despacho de 40 MMPCD se atrevió el Ministro Camacho a decir que servicio estaba importando ese gas para tenerlo de reserva por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de industria y comercio y a la de servicios públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas.
Su negacionismo llevó al Ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, el cual sólo fue expedido el 11 de diciembre. Lo propio ocurrió con la Resolución de la CREG, que apenas ahora se anuncia por parte del Ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.
