Fue en los días lluviosos de noviembre de 2022. Piojó, el pintoresco municipio atlanticense con mayores elevaciones, (de ahí su clima fresco elogiado por sus pobladores y visitantes), resultó golpeado con crueldad por la mala hora de la desgracia.

Los copiosos aguaceros causaron un fulminante deslizamiento de tierra que mandó al suelo más de 80 viviendas, afectó numerosas tumbas del cementerio y averió varias calles del pueblo.

A la desventura del deslizamiento se suma que a las familias damnificadas no les han cumplido con la reubicación en un lugar estable, seguro y cercano al casco municipal.

En noviembre se cumplirán tres años del hecho y en marzo pasado el vicecontralor Carlos Zuluaga denunció que “la reubicación de las familias en Piojó ha sido un verdadero desastre”, adjudicándole la responsabilidad a la cuestionada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Ungrd les ha incumplido a las familias damnificadas con los arriendos temporales, compró un lote a 4 kilómetros del pueblo donde nada se ha hecho y en enero anunció un estudio para establecer si es posible reconstruir las viviendas en la misma ladera del derrumbe. Algunas familias, cansadas de la mamadera de gallo, han regresado a sus casas averiadas. En mayo del año pasado, los afectados aprovecharon una visita de Gustavo Petro para exigir celeridad en la reconstrucción. Pero este Gobierno es profuso hablando y muy parsimonioso a la hora de resolver.

Ante al riesgo de un repoblamiento en “la ladera que sufrió deslizamiento en masa (de suelo y rocas)”, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Néstor Escorcia, envió una preocupada misiva al secretario de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico, Azael Charris, con copia a la Ungrd, a la alcaldía de Piojó, a la subsecretaría de Prevención y Atención a Desastres departamental y a la Defensoría del Pueblo.

La carta del ingeniero Escorcia concluye con una clara advertencia técnica: “La rehabitación de laderas que han sufrido un movimiento en masa, sin realizar los análisis y obras de intervención necesarias, no solo es imprudente e irresponsable, sino que también puede resultar en costos humanos y económicos de consideración. Las condiciones de inestabilidad requieren atención cuidadosa mediante la evaluación geotécnica, la restauración ambiental y el cumplimiento de las normativas técnicas. La seguridad a largo plazo de estas áreas depende de una intervención enfocada en el tratamiento de las condiciones de inestabilidad de la ladera”. “Guerra avisada no mata soldado”. Ojalá en Piojó no tengamos que modificar el viejo refrán.

@HoracioBrieva