El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral despierta más inquietudes que certezas. Más allá del debate sobre su viabilidad jurídica o política, lo realmente crucial es analizar los efectos que esta reforma tendría sobre el mercado laboral colombiano y, en particular, sobre una región históricamente rezagada como la Caribe.
El espíritu de la reforma es loable: dignificar el empleo y reducir la precarización. Sin embargo, muchas de sus propuestas parten de una visión centralista y formalista del trabajo, que desconoce la complejidad del mercado laboral nacional, donde más de la mitad de los ocupados son informales. En la región Caribe, además, persisten tasas estructuralmente altas de desempleo e informalidad.
Una de las propuestas más polémicas es la de otorgar permisos remunerados para tratamientos médicos no urgentes. Aunque busca proteger la salud de los trabajadores, podría generar un desincentivo en la contratación formal, especialmente de mujeres, quienes suelen tener mayor carga de cuidado y requerimientos médicos asociados a su rol reproductivo. Esta medida, sin una política de corresponsabilidad del Estado ni esquemas de compensación para micro y pequeñas empresas, puede traducirse en mayores barreras de acceso al empleo femenino, ampliando aún más la brecha de género en el mercado laboral.
También genera preocupación la eliminación del contrato de aprendizaje del SENA, una de las pocas rutas de inserción laboral formal para miles de jóvenes en todo el país. Aunque perfectible, este esquema cumple una función vital, sobre todo en regiones con alta informalidad juvenil como el Caribe. ¿Qué se propone como alternativa? La reforma no lo aclara, y la consulta tampoco.
Asimismo, imponer el contrato a término indefinido como regla general, eliminando los contratos por labor, desconoce la dinámica de sectores clave en la región como turismo, construcción o servicios temporales. En contextos de alta informalidad, elevar los costos de contratación sin incentivos podría empujar a muchas empresas a la ilegalidad o al cierre.
Colombia necesita una reforma laboral, sí, pero no cualquiera: se requiere una que entienda las particularidades del tejido productivo regional, promueva la formalización con incentivos reales, y reconozca la diversidad de trayectorias laborales. Si la consulta popular no incorpora esta mirada, corre el riesgo de ser un ejercicio desconectado de la realidad laboral de millones de colombianos.
¿Queremos una reforma laboral progresista? Entonces empecemos por entender que no puede haber justicia laboral sin equidad territorial.
* Directora Ejecutiva Fundesarrollo
@OrianaAlvarez
