Envidia de la buena, la que sentí el pasado 10 de abril en el encuentro nacional por la Orinoquía en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Ese día se reunieron los gobernadores de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare y Vichada con los empresarios de la Orinoquía y presidentes de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Federación Nacional de Biocombustibles, Asociación Colombiana del Petróleo y Gas y la iniciativa Soya-Maíz, de la industria de alimentos balanceados, para construir la hoja de ruta de un ambicioso plan de desarrollo agrícola e industrial en la Orinoquía y Altillanura.

Se trata de una gran apuesta para pasar de cultivar 1 millón a 5 millones de hectáreas agrícolas (más de lo que se cultiva en el resto del país), en el mediano plazo, con el fin de sustituir importaciones agropecuarias y atender la demanda internacional de biocombustibles, entre esos, el SAF, o combustible de aviación sostenible, para ayudar a reducir las emisiones de carbono en el mundo.

Para ponerlos en contexto, la Orinoquía representa el 97% de la soya y el marañón que se producen en el país, el 54% del maíz, el 48% del arroz, el 45% de la palma de aceite, el 42% del caucho, el 29% del plátano, el 21% del hato ganadero y el 15% del cacao. Además, representa el 77% de la producción nacional de petróleo y el 26% del biodiésel. Por eso la llaman la despensa agrícola y energética de Colombia. Son tierras bendecidas por Dios y abandonadas por los gobernantes de turno. Desde que el expresidente Uribe construyó la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán (hoy, la zona de mayor desarrollo agroindustrial), ninguno de sus sucesores volvió a construir un solo kilómetro de vías en esa región.

Preocupados por esa indiferencia centralista, los empresarios, gobernadores y alcaldes decidieron crear una alianza público-privada territorial para construir ordenadamente un plan de acción que les permita crecer exponencialmente las áreas agrícolas de ese corredor geográfico. Para ello, han iniciado una cruzada ante las distintas instancias del orden nacional e internacional, para mostrar el enorme potencial de crecimiento agrícola que tienen y gestionar los recursos que se requieren en bienes públicos (vías de comunicación, red eléctrica, etc.) y el paquete de recursos de créditos a largo plazo para el desarrollo de los cultivos y la infraestructura industrial. La cuota inicial ya la tienen: tierras, agua y las ganas de trabajar.

El próximo presidente de Colombia tiene el desafío de destinar el presupuesto que se requiere para acelerar la construcción de las vías terrestres, cambiar las absurdas limitaciones de áreas que establece la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y ordenar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprobar un paquete de recursos de créditos a largo plazo (20 años) con incentivos (ICR) que ayuden a reducir los altos costos de las enmiendas y drenajes. Además, conceder algunas exenciones tributarias para atraer inversionistas y crear un revolucionario modelo de producción de alimentos con alta tecnología, donde se concentre un gran número de multinacionales de alimentos e institutos de investigación y capacitación. Una especie de Silicon Valley de California, pero en Agricultura en la Orinoquía.

*Consultor en apalancamiento financiero agroindustrial.