Por los días en que fue capturada Aída Merlano, acusada de lo que se ha dado en llamar “la más descarada compra de votos en el Atlántico”, estalló un escándalo parecido en el departamento de Antioquia.
La representante Margarita Restrepo Arango, del partido Centro Democrático, resultó involucrada en lo que, según la Fiscalía, sería una obra maestra de corrupción al sufragante.
Desde la campaña se otorgaban subvenciones atractivas para quienes votaran por la parlamentaria en las elecciones de marzo de 2018.
En ese mercado se ofrecían tabletas a 30.000 pesos, pasajes a San Andrés por $120.000 y televisores de 49 pulgadas a $350.000. En la lista figuraban, además, mercados, kits escolares y subsidios de vivienda.
El procedimiento era sencillo: los interesados consignaban el dinero, votaban por la candidata y luego iban a reclamar su artículo.
Aunque los investigadores dicen tener registros de compra directa de votos, a razón de 80.000 pesos cada uno, la verdad es que aquella era una estrategia ingeniosa, más efectiva que la simple entrega de dinero, pues con la mediación de un objeto que podía estar haciendo falta en casa, la campaña atenuaba el riesgo que de todas formas está implícito en esa transacción.
La cosa resultó mal porque no todos recibieron a tiempo el televisor y otros se declararon descontentos con la marca de la tablet.
Uno de los funcionarios de la campaña, Alejandro Cuartas Rodas, se endilgó toda responsabilidad con el argumento de que actuó solo. La representante lo corroboró, antes de ser elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
El caso, que aún no está cerrado en los estrados judiciales, llama la atención en medio de la alarma nacional por cuenta de la captura, rappi fuga y recaptura de Merlano.
Y coincide, de hecho, con las cifras que tiene la Misión de Observación Electoral.
A 26 de octubre de 2019, la MOE dijo haber recibido 841 “reportes ciudadanos por hechos y/o conductas relativas al delito de corrupción al sufragante”. El 45% de esos casos se concentraba en Cundinamarca, Antioquia, Santander, Tolima y Nariño, donde los registros hablaban del ofrecimiento de materiales de construcción, contratos, programas sociales, mercados, contratos públicos. La lista de municipios la encabezaba Bogotá.
Nadie niega que en la región existe la práctica recurrente de ofrecer dádivas al votante. El exsenador Roberto Gerlein lo reconoció sin vergüenza en una penosa entrevista con la periodista Vicky Dávila en la W.
Pero no nos podemos equivocar: si los medios de comunicación siguen poniendo los faros solamente en el Caribe, se encandilarán con un problema que tiene connotación nacional y complejidades más profundas. Seguiremos hablando del tema.
Post Scriptum: ¿Han oído el dicho de que todos los pescados tienen espinas y mala fama la carga el bocachico?
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