Hace un par de semanas se publicó la primera versión para Colombia de la revista Forbes, famosa por listar cada año a las personas más ricas del mundo. La edición trae un artículo de interés nacional y no solo para los empresarios que leen la revista. Se titula “La rentabilidad de la verdad” y advierte que el tránsito de Colombia hacia la no repetición del conflicto es imposible sin que todos sus actores se sumen al esclarecimiento de la verdad para avanzar desde todos los puntos de vista.

A mediados de noviembre, El Espectador publicó una amplia crónica sobre un grupo de empresarios del llamado Sindicato Antioqueño –los presidentes de Sura, Nutresa, Argos, Éxito, Proantioquia y el rector de la Universidad Eafit– que viajaron al municipio de Dabeiba, en Antioquia, “donde hacen su proceso de reintegración –se lee en la revista– alrededor de 130 excombatientes de las Farc”, para hacer entrega personalmente de 270 hectáreas de tierra para que monten allí proyectos productivos.

Se trata de un acto de solidaridad, que legalmente no era obligatorio que hicieran, con los guerrilleros que hace tres años entregaron las armas con la esperanza de darle solución a cincuenta años de conflicto. Sin embargo, detrás del evento se percibe también un componente ético que va más allá de la responsabilidad social de las empresas.

El reconocimiento de lo que sucedió no es sólo un acto racional. Implica también la voluntad y el corazón, que es lo más valioso de todo esto, no sólo con los excombatientes que trabajarán esa tierra, sino incluso con todo el país en tanto indirectamente es un espaldarazo al Acuerdo de Paz que tiene una mayor carga simbólica en cuanto a las empresas y empresarios que participaron en el evento.

Como se sabe, el Sindicato Antioqueño es el nombre con el que se conoce al mayor conglomerado de empresas de Colombia. Son cerca de 125 compañías, muchas de las cuales tienen asiento en el departamento de Antioquia, el cual, junto con su capital, Medellín, son el fortín político de Uribe Vélez, opositor del acuerdo que el Gobierno de Santos firmó con la guerrilla de las Farc en octubre de 2016, y quien lideró ese mismo año el voto por el “No” al proceso de paz.

La mayoría de empresarios colombianos –y ganaderos y palmeros y comerciantes y etc– han permanecido un tanto distantes de este proceso de paz, como si el asunto no tuviera nada que ver con ellos o como si no les cupiera ninguna responsabilidad en lo que sucedió, cuando es de información pública que muchos de ellos, no todos, por supuesto, apoyaron económicamente a un bando o al otro para que la guerra continuara. ¿Cómo atraerlos para que cuenten su participación, o al menos lo que saben? ¿Qué ganancia o rentabilidad implica para ellos decir la verdad, más allá del acto cristiano del arrepentimiento y el perdón?

El debate es interesante y debe dilucidarse pronto en tanto es muy importante que todos los actores que participaron activamente en el conflicto acepten lo que hicieron y se comprometan a no repetirlo jamás.

PD. ¡Feliz Navidad!

@sanchezbaute