El gobierno anterior dejó 25 billones de pesos desfinanciados para el presupuesto del 2019, según el actual ministro de Hacienda. El hueco fiscal es gigantesco. Para dimensionarlo a su justa medida hay que sumar los presupuestos anuales de las dos alcaldías de Bogotá y Medellín para llegar a esta cifra. Este es el caballo de Troya económico que nos dejó el derrochón y que ahora tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Además de esto, Santos nos dejó el regalo envenenado de la implementación del acuerdo con las Farc. Un esperpento jurídico que ahora tiene como desaparecidos a los comandantes guerrilleros Iván Márquez, Romaña y ‘el Paisa’, ni más ni menos. Dos bombas de tiempo que tienen a Duque con las manos atadas.
Santos dejó el poder, pero lo hizo haciéndole honor a su estilo de estar por encima de la ley; salió del país ilegalmente, contraviniendo directamente el artículo 196 de la Constitución: “quien haya ocupado la Presidencia (…) no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. No sorprende, Santos siempre ha estado por encima de los pormenores constitucionales; viajó a Miami con absoluta tranquilidad, sin permiso del Senado, y no pasó nada. Aunque muchos pensarán que la norma es irrelevante, la ley está para cumplirse y desconocerla es un aplauso más a la cultura santista de tantear la ilegalidad.
Esa manía política de zigzaguear la ley, pero solo cuando favorece, ahora la hereda la izquierda, dándose cuenta de que por ahí puede estar su llegada al poder en 2022. El mal ejemplo de acomodar o modificar el derecho a su antojo comenzó por supuesto con las negociaciones de La Habana, el plebiscito y las decisiones de la Corte constitucional al respecto. Desde ese entonces los ejemplos son múltiples: la flamante e injustificable posesión de Mockus como Congresista a pesar de estar totalmente inhabilitado, o la histórica intervención de la OEA para meterle freno a la destitución de Petro cuando era alcalde (episodio inédito). Así mismo, la reciente decisión del Consejo de Estado que condena a la nación por el atentado del club el Nogal (que puso las Farc), con la mala excusa jurídica que la ministra de defensa de ese entonces organizaba reuniones en su seno, se enmarca en esta tendencia de adecuar la historia, la verdad y el derecho para asistir ciertos intereses políticos.
En la actualidad, Petro patalea porque quiere tener un partido político con personería jurídica, muy a pesar de que no cumple con los requisitos normativos (umbral en elecciones legislativas). Pero lo anterior es lo de menos, y quizás lo consiga, porque el objetivo es el mismo: manosear y torcer la interpretación normativa, desde los juzgados afines, para reforzar la plataforma política.
@QuinteroOlmos
