Ante la ausencia de alternativas, lo mínimo que pueden esperar los ciudadanos de las empresas de servicios públicos, en especial las de energía, es que funcionen de manera eficiente; cuando esto no ocurre, por cualquier razón, el Estado debe intervenir porque, de conformidad con la Constitución así como con los principios de las leyes 142 y 143 de 1994, está obligado a garantizar su prestación.

El Estado no puede actuar midiendo la cantidad de gritos, arengas, pancartas, reuniones, etc., aunque sean un indicativo de que algo puede estar pasando por lo que debe investigar y profundizar en las causas. Todo lo anterior sucedió antes del 15 de noviembre de 2016, fecha en la que la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) decidió tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe.

Tras ser investigada la empresa por la SSPD, se supo que de sus 2.565.855 usuarios, habitantes de los 186 municipios de la Región Caribe, el 50% están ubicados en barrios subnormales y zonas de difícil gestión; que el 41% pertenece a los estratos 1, 2, y 3 y solo el 9% restante pertenece a los sectores residenciales de los estratos 4, 5, 6, comerciales e industriales; que sufrían cortes de electricidad cada 61,53 horas, con promedio de duración de 56,18 horas y que estaban a punto de quedarse sin energía, esa vez sí en serio, luego de haber sido amenazada la empresa con la limitación de suministro en 65 oportunidades anteriores.

También se supo que los 54.006 kilómetros de redes de distribución y las 196 subestaciones de Electricaribe están casi todas deterioradas debido a las reducidas inversiones en esa infraestructura por parte de la empresa, lo que ocasiona que la prestación efectiva del servicio de energía no se haga con parámetros de eficiencia, calidad, continuidad y seguridad.

A lo anterior se suma que los generadores de energía como XM decidieron ejecutar las garantías financieras y que las empresas generadoras, por su parte, terminaron en forma unilateral y anticipada los contratos de compraventa de energía, lo que obligó a que la compañía tuviera que prepagarla y a incrementar su nivel de exposición en bolsa en cerca del 60%.

Los resultados financieros deficitarios; el aumento en el nivel de pérdidas no técnicas y el déficit de caja en el corto plazo, que aumentaba por tener que pagar la energía de manera anticipada lo cual constituye el 65% de los gastos operativos de la empresa, fueron las causas de todo lo anterior, pero también el resultado de la toma de posesión.

Para resolver solo las obligaciones corrientes de la empresa y constituir las garantías para los generadores de energía, la SSPD ha obtenido 320 mil millones de pesos del Fondo Empresarial, recursos que permitirán garantizar la operación de la empresa, al menos, en lo referente al cierre de la vigencia actual.

Si bien lo manifestado constituye, en términos globales, causal para una toma de posesión, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, también es la hoja de ruta de todo lo que hay que resolver, por lo que sobran las explicaciones iguales o similares a las que daba Electricaribe para no hacer las cosas, ya que en algo –o más bien bastante– se debe diferenciar la gestión que, en buena hora, lidera hoy el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. Aspiramos que esta sea exitosa, porque de lo contrario apague y vámonos.

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