La Constitución de 1991 es muy clara: los baldíos son tierra de la Nación que deben ser utilizados para la reforma agraria. Es decir, deben distribuirse solamente a la población campesina sin tierra o en microfundios. En otros términos, los baldíos no pueden estar en manos privadas, como lo ratifica un artículo en El Espectador titulado ‘Las maniobras que habrían usado particulares para apoderarse de baldíos’.
Esto se traduce en que “los particulares no pueden adueñarse de ellos”. Este mandato constitucional ha sido totalmente ignorado por los gobiernos colombianos, y ha llegado a tal punto esta falla que hasta hoy es imposible conocer su tamaño, su ubicación y sobre todo en manos de quién están. De lo que sí hay certeza es de que estos baldíos no se han utilizado precisamente para cumplir con la Ley. Por el contrario, por fin parece haber evidencias claras de cuáles personas naturales bajo la fórmula de “prescripción adquisitiva” se han adueñado de grandes cantidades de hectáreas, no siempre por la vía pacífica.
Este tema de tierras ha adquirido una gran importancia ahora que el punto 1 del Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc establece de manera clara y contundente “la recuperación de baldíos indebidamente ocupados para alimentar el Fondo de Tierras y permitir al campesinado el acceso a predios”. Lo más interesante de la investigación realizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, cuyos principales resultados recoge el mencionado artículo, es que empieza a identificar en manos de quién están estos terrenos, utilizando la “poca diligencia de los jueces”, cuando se trata del tema de tierras. En otras palabras, lo flexible que ha resultado la justicia en estos casos.
Entre los muchos resultados de gran importancia de esta investigación está uno que es clave: mientras la asignación de esta tierra de la Nación se adjudica en pequeñas extensiones, los baldíos en manos de particulares son de grandes dimensiones. La interpretación obvia es que estos individuos les compran a muchos campesinos sus terrenos probablemente a precios irrisorios para desarrollar sus grandes plantaciones. Si esto que parece obvio se comprueba en esta y otras investigaciones, el pecado sería doble: usar artimañas para violar la Ley con el apoyo de ciertos jueces, pero además utilizar su posición ventajosa para explotar económicamente a estos pequeños campesinos.
Otro gran tema, que tanto apoyaron los paramilitares con sangre y fuego, es el despojo de tierras que, según la investigación señalada, se concentró en la Región Andina y en algunos puntos de la Región Caribe. En Boyacá y Córdoba se encontraron los casos de mayores extensiones; es decir de los más grandes despojos a campesinos. Y se empiezan a conocer nombres, y esta es la bomba que muchos han esperado para empezar a hacer justicia en uno de los capítulos más aberrantes del conflicto que vivió Colombia en los últimos 50 años.
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