Las redes sociales en general tienen cosas positivas y negativas. Pero sin entrar a detallar sobre ello, somos muchos los que a través de dicho medio hemos conocido la magia y el colorido de miles de especies de aves en el país que fácilmente cautivan el ojo humano por su extraordinaria belleza.

Colombia ha sido reconocida como una potencia mundial en aves, ocupando el puesto número uno en variedad, con más de 1921 especies. Por ello, se considera un patrimonio universal que debe ser manejado para garantizar su preservación a perpetuidad, tal y como lo señala Minambiente en algunos de sus documentos. Además de lo admirable y atractivo que ha sido conocer de diversas especies, es importante mencionar el papel que juegan las aves dentro de la naturaleza, pues se encargan de realizar la polinización de plantas y la distribución de semillas.

Sin embargo, más allá de ese honroso reconocimiento, deben realizarse evaluaciones periódicas para conocer sobre el estado del arte frente a su conservación, con el fin de tomar decisiones que deben ser la base para la toma de decisiones políticamente eficientes. En ese sentido, el Libro Rojo de Aves de Colombia, presentado por la Universidad Javeriana y el Instituto Humboldt en el año 2017, señala que cerca de 72 especies de aves se encuentran amenazadas; en detalle, 27 de ellas son endémicas, 2 están probablemente extintas, 9 afrontan peligro crítico de extinción, 30 se encuentran en riesgo y 31 en grado de vulnerabilidad.

Sumado a ello, las cifras de deforestación para el país siguen siendo preocupantes. Más allá de que se trate de “suavizar” esta problemática, escuchando en diversos escenarios palabras como “mejoramos”, es bien sabido que esta práctica, además de cambiar progresivamente el balance hídrico y climático del país, está impactando la biodiversidad y los nichos naturales de miles de especies animales entre las que se encuentran las aves.

Recientemente, se ha venido presentando una movilización frente a la resolución 2370 de 2019 del ANLA, en la que se autoriza llevar a cabo la caza de fomento de algunas especies de aves, es decir, adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos, lo que en últimas termina siendo caza comercial.

Inicialmente, de acuerdo con el documento, se entrega este “beneficio” a la sociedad Tesoros de Colombia, la cual debe someterse al trámite previo de licencias ambientales ante la CAR, siendo alarmante que dicha actividad pueda ser ejecutada por privados.

Aunque se advierte que solamente se autoriza la caza de especies que no estén en amenaza de extinción, resulta sorprendente que no se tenga en cuenta que al sacar de su hábitat, a las especies que se decida desde la Corporación, se está atentando contra su estado natural de conservación. Es increíble además que el director de Tesoros de Colombia, Iván Lozano, haya manifestado a algunos medios de comunicación que su modelo de negocio consiste en capturar a los animales, hacer que se reproduzcan, vender los nuevos especímenes de forma legal y devolver a su ecosistema a los individuos que fueron retirados de él en un primer momento. ¡Preocupante! @ChristianEuska

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