El caso número 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga las “muertes ilegitimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Es decir, investiga lo que con eufemismo hemos llamado “falsos positivos”. Ya el país creía que lo había escuchado todo frente a esta aterradora modalidad criminal, pero esta semana se ha abierto un nuevo episodio. No todo estaba dicho. Resulta que estamos llenos de fosas comunes, de gente inocente asesinada que en alguna casa siguen esperándola, buscándola con un cartel de desaparecido. El soldado que narra los hechos ante la JEP, admite que los cuerpos fueron enterrados sin bolsas, las víctimas eran muchachos que traían de Medellín hasta Dadeiba, los asesinaron para hacerlos pasar por bajas en combate y así ganar días de descanso y reconocimientos.
Solo su batallón pudo haber cometido unos 75 casos de falsos positivos en dos años. Cuando el soldado llegó al cementerio con la JEP, encontró indicios de ocultamiento de pruebas. Las cruces estaban cambiadas, en una orientación distinta. Con la misma caligrafía intentaron ponerle fechas de muerte distintas. En Dadeiba hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas de civiles, sin embargo las investigaciones no avanzaron.
El cementerio de Dadeiba, además de estar vinculado con el caso 003, está relacionado con la solicitud de medidas cautelares que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) había hecho sobre 16 lugares donde estaban seguros que habían desaparecidos. En Antioquia está Hidroituango, la Comuna 13 de Medellín, Betulia y Puerto Berrío. En Caldas se pidió medida cautelar sobre el resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio y en las veredas Simitarra (en Norcasia), Pradera (en Victoria) y la Cristalina (en Samaná). En Magdalena Medio, Movice pidió protección para los cementerios de Aguachica, Cimitarra, Hoyo Malo y San Vicente de Chucurí y en la vereda de Muzanda de Lebrija. En Sucre, el cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, fincas la Alemania y El Palmar y el cementerio central (San Onofre).
Lo encontrado hasta el momento en el caso 003 demuestra que fue una práctica sistemática que regó cuerpo de civiles inocentes por todo el país. Reclutaban jóvenes, mujeres, chicos que aún no cumplían la mayoría de edad, habitantes de calles, gente marginada que no tuviera mayores dolientes, campesinos, excombatientes, muchachos de barrios pobres… incluso personas con discapacidad. Fingían un combate, les disparaban en la cabeza o en el pecho, algunas veces en el rostro para que fuera más difícil reconocerlos, les ponían ropa de guerrilleros, botas, una granada en la mano y listos para la foto.
Con la JEP estamos descubriendo que Colombia es una gran fosa común por cuenta de las prácticas criminales del Ejército. El terrorismo de Estado no solo dispuso una maquinaria criminal contra civiles inocentes para lograr vacaciones y distinciones, sino para dar cuentas falsas y fingir que se ganaba la guerra. En Colombia caminamos sobre tumbas sin nombre de cuerpos de desaparecidos por cuenta y responsabilidad del Estado. Da miedo. Da pena. Da tristeza.
@ayolaclaudia
Ayolaclaudia1@gmail.com
