Hace dos años, en enero de 2018, Ingrid fue nuevamente amenazada. Su nombre aparecía en una lista con otros seis defensores de derechos humanos que hacen parte del Movice en Sucre. A finales de febrero de 2016, frente a la casa de Ingrid Vergara solía parquearse un carro negro. La extraña presencia alarmó a los vecinos, que dijeron haber visto a un hombre y una mujer dentro del vehículo tomándole fotografías a la casa de la defensora de derechos humanos. Para entonces se tenía información de que alguien, desde la cárcel, había estado planeando un atentado contra Ingrid.
Era fácil advertir que sus riesgos están relacionados con el acompañamiento a la lucha campesina por el acceso a la tierra y su vinculación al capítulo Sucre del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Un año antes, en 2015, Ingrid también fue amenazada y declarada objetivo militar. En 2013, en la tarde del 30 de abril, le llegó un mensaje al celular de su hija en el que le decían que Ingrid había sido asesinada. Antes, En junio de 2010, cuando hablaba por teléfono con su hija, escuchó una tercera voz dentro de la llamada que le advirtió que iban a acabar con ella y con su familia.
A pesar de que desde noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de Ingrid y que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había asignado escoltas por el incontrovertible riesgo extraordinario en el que se encuentra la lidereza social, de manera inúsitada la entidad le quitó el esquema de seguridad y la dejó sin escoltas.
La hija de Ingrid encendió las alarmas pidiendo auxilio desde su cuenta de Twitter por la desprotección en la que la UNP había dejado a su madre y la coincidente aparición de un hombre fuera de su casa al que se le había visto tomando fotografías en dirección a la vivienda, donde Ingrid se encontraba resguardada por temor. En esos días, también se supo de un nuevo plan para asesinarla con recursos ya asignados. Hace un par de días, ante la evidente presión, le volvieron a asignar los escoltas.
El caso de Ingrid Vergara quizá sea una fotografía de cómo es la sistematicidad de los ataques a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Un tema complejo, con muchas aristas, que requiere una urgente integralidad en las medidas. La Corte Constitucional ya se ha referido al papel de la UNP y la urgencia de que el Estado colombiano sirva como garante efectivo de la vida de los líderes sociales. Ha señalado la necesidad de tomar estas decisiones en coherencia con el contexto y la terrible situación de riesgo que viven los líderes sociales. Pero tan sistemáticas son las amenazas, como sistemática es la negligencia del Estado. El gobierno colombiano sigue actuando con insensatez, sin medir su responsabilidad histórica en esta masacre. Llegará, quizá, el día en que se juzgue al Estado colombiano por la barbarie que pudo evitar.
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