En los últimos cuatro años el Atlántico logró importantes avances que permitieron atenuar las condiciones sociales de sus habitantes.

El balance del gobernador Eduardo Verano de la Rosa indica que su administración ejecutó 455 obras y un presupuesto de inversión de casi 2 billones de pesos, principalmente en las localidades del centro, oriente y sur del departamento.

La relación destaca 140 kilómetros de vías que dejan casi interconectados a todos los municipios y 42 nuevos colegios que impactaron drásticamente la cobertura educativa de la población infantil y juvenil.

En estos años, unas 20.000 familias salieron de la pobreza extrema y unas 220.000 mujeres se empoderaron en derechos que antes les eran negados.

Ahí están también las nuevas sedes del Sena, con las que el mandatario saliente espera que se transforme la educación para el trabajo.

En todos los casos fueron obras y programas que impulsaron focos de desarrollo regionales, pues no solo hicieron parte de un plan estratégico que, por ejemplo, ponía a tono la infraestructura con las necesidades departamentales de progreso, sino que respondieron a diseños integrales para impactar la calidad de vida de los atlanticenses.

En esos sentidos resultan explicables los índices de favorabilidad que acompañaron a Verano durante su ejercicio gubernativo, en los que además de ocuparse de las expectativas de sus gobernados –hay que reconocerlo– siguió liderando las banderas de la regionalización del país, con ejecutorias contundentes como la ley que viabiliza las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), aprobada con su anuencia.

Fue, entonces, una gestión departamental con enfoque nacional. Verano deja, sin embargo, algunos pendientes.

Si bien durante este período la Universidad del Atlántico conquistó por primera vez su acreditación institucional de alta calidad, el gobierno del alma mater sigue siendo incierto y en ocasiones anárquico.

El Cari, por su parte, no puede seguir siendo objeto de indefiniciones políticas y administrativas, mientras crecen, como lo hacen, los índices de enfermedades de las que a estas alturas debería ocuparse.

Los escándalos que se derivaron del Programa de Alimentación Escolar, con uno de sus secretarios en la cárcel, y manejo aparentemente ilegales en el deporte, con los adicionales pobres resultados del Atlántico en los pasados juegos nacionales, denotan que también deja mucho trabajo por hacer. Las investigaciones judiciales y disciplinarias tendrán en cada caso la última palabra.

Esos no son propiamente lunares y tampoco deberían salpicar la excelente gestión el gobernador y sus secretarios, pero sí demuestran que los funcionarios públicos deben tener permanentemente un ojo en las obras y otro en la moral pública.

He ahí también una misión para los ciudadanos, en la corresponsabilidad que les cabe, y un referente para los mandatarios que esta semana asumen funciones.