El acuerdo de paz entre Gobierno y Farc es uno de los temas que más controversia genera en la recta final de la campaña presidencial. Las diferencias reflejan las dos visiones de país que hoy buscan gobernar.

El candidato del CD, Iván Duque, y su fórmula Marta Lucía Ramírez estiman que el acuerdo “quedó mal hecho”, que la JEP debe ser reformada, cuestionan la participación política de las Farc porque “el país no quiere que los responsables de crímenes de lesa humanidad resulten en el Congreso sin haber pagado un día de cárcel”, rechazan cualquier conexidad del narcotráfico con el delito político y plantean que la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos debe ser obligatoria y no voluntaria.

Anuncian que si llegan a gobernar, no “harán trizas los acuerdos” pero sí presentarán una reforma constitucional para realizar modificaciones vía Congreso.

El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y su fórmula Ángela María Robledo, con el respaldo de sectores políticos y organizaciones sociales –la Gran Coalición por la Paz– se han comprometido a “proteger lo alcanzado en La Habana”, cumpliendo lo acordado. Petro considera que este 17 de junio está en juego “si Colombia vuelve a la violencia o se construye una nueva era de paz”.

Más allá de las antagónicas posturas de los candidatos presidenciales, los retos que afronta hoy la implementación del Acuerdo de Paz, 18 meses después de su firma, son descomunales.

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación confirma que “la implementación de los acuerdos de paz carece de cimientos estables en el territorio”. En pocas palabras, se raja; aunque los indicadores de violencia como homicidios, desplazamientos forzados, víctimas de minas antipersonal y secuestros, se hayan reducido en el país.

Uno de los asuntos más complejos es el copamiento que organizaciones criminales, disidencias, ELN y carteles de narcotráfico han hecho de zonas dejadas por las Farc. “De los 242 municipios donde estaban las Farc, hay 78 con problemas graves de seguridad y un aumento de los crímenes”, dice el análisis.

La política de reincorporación de los exguerrilleros no termina de arrancar, apenas está aprobado un proyecto productivo y las iniciativas de desarrollo económico relacionadas con tierra no se concretan, la victimización de los líderes sociales no se detiene y programas como los de Desarrollo con Enfoque Territorial y el de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos no llegan a las comunidades que los requieren.

Las complejas tareas pendientes, entre ellas el fortalecimiento de la “arquitectura institucional” para la implementación del acuerdo, anticipan años durísimos. Se habla de una fase de “normalización”, que duraría entre 10 y 15 años con reformas estructurales y cambios de larga duración.

Así que como la paz sigue sin resolverse, volverá a ser determinante en la definición del voto. Y quien gane, no lo tendrá fácil a la hora de dar el siguiente paso en este viejo y esquivo anhelo de los colombianos.