Nada más patriótico que ejercer el derecho al voto con honestidad y a conciencia. Señores, comenzó la cuenta regresiva para las elecciones de octubre y este 27 de julio a los candidatos se les acabará el plazo para inscribirse ante la Registraduría. Semana de infarto porque en muchas regiones, la cosa está bastante cruda.

No sólo por la falta de acuerdos entre sectores políticos y movimientos alternativos para definir sus representantes; sino también por el temor de líderes políticos, sociales y comunales que, tras convertirse en blanco de criminales, desistirán de sus aspiraciones para no arriesgar sus vidas. Y es que se espera un nuevo pico de violencia durante la recta final de la inscripción.

La violencia es más letal entre más local es el liderazgo. Además, están indefensos. No hay programa de la Unidad Nacional de Protección que garantice la seguridad de 130 mil aspirantes que se estiman para estos comicios.

La Misión de Observación Electoral, MOE, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos, habla de un incremento de la violencia política contra precandidatos confirmando un panorama muy distinto al de las elecciones de 2018.

Son ya cerca de 300 las víctimas de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos en los últimos 12 meses en el país, especialmente en Arauca, Cauca, La Guajira, Antioquia, Nariño y Valle, entre otros territorios postconflicto donde la presencia institucional no llegó a tiempo.

Regiones en las que, dice Alejandra Barrios directora de la MOE, se concentra una dispersión de actores ilegales, ELN, Autodefensas Gaitanistas, disidencias de las Farc, que están ejerciendo todo tipo de presión armada contra los precandidatos en una disputa por el microespacio de poder y control sobre cultivos ilícitos y minería ilegal.

En La Guajira, por ejemplo, se reportan 23 víctimas, entre ellas, 13 concejales de Maicao cuyos nombres aparecieron en un panfleto amenazante. Preocupa mucho lo que pasa en Tierralta, Córdoba, donde está disparada la violencia contra líderes políticos y sociales.

También la financiación ilegal de las campañas y la inscripción irregular de cédulas amenazan las elecciones. La MOE está lanzando alertas tempranas sobre regiones en las que datos y proyecciones advierten un posible riesgo de fraude por “trasteo de votos”.

Meta, Cesar y Atlántico tienen las tasas de inscripción más altas del país, muy por encima del promedio nacional y entre los municipios que inquietan están La Jagua de Ibirico, El Copey, Becerril, Puerto Colombia, Soledad y Palmar de Varela, donde se han detectado fuertes incrementos de las inscripciones en las últimas semanas.

Las alarmas están encendidas pero la capacidad del Estado como su voluntad política resultan limitadas para frenar este desmadre, que podría tener redención en el voto responsable de un electorado que sea capaz de ofrecer una lección de verdadera democracia contra la corrupción y la ilegalidad.