Duras batallas ha tenido que dar la Jurisdicción Especial de Paz en sus dos años de funcionamiento para validar su misión como órgano de justicia transicional en un país donde la paz y la guerra conviven en un mismo escenario y en el que las víctimas siguen esperando que sus derechos sean reconocidos.

A pesar de las 12.235 personas que se han sometido a este tribunal; entre ellos 9.720 ex Farc y 2.431 de la Fuerza Pública, de las 16.500 decisiones judiciales proferidas en 2019 y de las 299 versiones presenciales y escritas de comparecientes en los siete grandes casos priorizados por su Sala de Reconocimiento; distintos sectores insisten en que la JEP sigue estando en deuda frente a la investigación, juzgamiento y sanción de los gravísimos crímenes perpetrados en el país en el contexto del conflicto amado.

Impartir justicia, tratando de esclarecer las atrocidades cometidas por los distintos actores y establecer responsabilidades penales individuales sobre estos hechos está resultando una tarea titánica.

Aún más cuando en medio de esta compleja y delicada labor, su presidenta, la magistrada Patricia Linares ha tenido que encarar los cuestionamientos de partidos como el Centro Democrático que graduó a la JEP de “tribunal para las Farc”, las objeciones presidenciales hechas a la ley estatutaria que definía su funcionamiento y los ataques procedentes de la misma institucionalidad, como ocurrió en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez por la solicitud de extradición de Jesús Santrich.

También la JEP tuvo que enfrentar sus propios demonios al asumir el vergonzoso escándalo de corrupción del fiscal Carlos Bermeo, señalado de recibir supuestamente sobornos para amañar decisiones judiciales.

Capaz de pasar estas páginas, hoy la JEP trabaja en los territorios en la búsqueda de la imprescindible verdad del conflicto que en un cruel sinsentido nos sigue pasando una factura de incalculable dolor y sufrimiento e intenta dar respuesta a las víctimas que venían demandando un espacio para contar lo que les pasó y exigir justicia y garantías de no repetición a sus victimarios.

Además, avanza en las expulsiones de reincidentes de las Farc, van 7, y envía un mensaje contundente a los “vivos” que quieren meterle goles, al negar las solicitudes de sometimiento de Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, condenados por el crimen de Luis Carlos Galán que se produjo por razones de narcotráfico y no del conflicto.

Ahora lo que el país espera son decisiones de fondo del Tribunal para la Paz en casos tan emblemáticos como el de secuestro en el que ya comparecieron 350 ex integrantes de las Farc y 1.709 víctimas están acreditadas. O el de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que cuenta con las versiones de más de 200 integrantes de la Fuerza Pública y 300 víctimas acreditadas.

Nos corre prisa y nos cuesta entender que la JEP tiene una dinámica propia. Un tribunal de justicia restaurativa, no punitiva, pensado para 15 años que lleva 2, comprometido con la construcción de la paz y la reconciliación y con el reto de dignificar a las víctimas. Nadie dijo que sería fácil, pero al menos ya hay un camino trazado.