No es así en el caso del exministro Arias, por tratarse de algo debidamente juzgado. Vía tutela se concedió una nueva instancia; mientras millones de casos son ignorados o quedan invisibles. No todos reciben las mismas oportunidades. Es la Colombia del siglo XIX, aunque la Corte Constitucional esté en el XXI. En una democracia de calidad la justicia tiene plena independencia frente a otros poderes, y no compromete su criterio.
Es sabido que los magistrados requieren apoyo partidario para ser postulados y conservan nexos que limitan su independencia cuando ciertos temas, intereses o personas están en juego. No todos los gobernantes y autoridades jurídicas respetan y garantizan cabalmente los derechos civiles, especialmente de prisioneros y detenidos (ni en esta pandemia). No todas las personas sindicadas son tratadas lícita y equitativamente; y tampoco todos quienes delinquen reciben la sanción establecida en la ley. Desde inicios de la República se tiende a favorecer a los más poderosos con impunidad, contra los más débiles.
Bien decía Albert Camus, en Francia, que las instituciones eran frecuentemente malas y funcionaban a favor de quienes las dirigían; que la corrupción estaba en casi todas partes, y la justicia casi en ninguna. La Corte decidió, pensando en Arias, modifi car el derecho nacional; lo cual será también aprovechado por otros avezados condenados; y algunos quedarían en libertad. Este tribunal no tiene tiempo, ni le da importancia, para estudiar oportunamente la Emergencia Nacional, pero sí un asunto que gozó de garantía. Vaya a saberse en cuáles motivaciones y razones, además de las jurídicas, reposa esa decisión.
La tutela no era para contrariar el fallo de los jueces. Por algo la mayoría de los ciudadanos percibe o cree que la justicia es tan complicada y lejana como para entenderla. Pueden entenderla mejor quienes han tenido experiencia ante los jueces; pero para tenerla debe existir justicia real y sin impunidad. La decisión ocurre justo cuando la corrupción gubernamental nos reedita, en medio de la pandemia, la versión II de Agro Ingreso Seguro; en pleno silencio autoritario impuesto en este encierro. Esta calamidad no es solo mal funcionamiento o corrupción institucional; y nos hace pensar en una justicia concebida, creada y sostenida por personas que no saben nada, o muy poco, de democracia.
En el caso de Arias, se trata de una nueva oportunidad para alguien que cometió un delito grave y huyó, argumentado estar desprovisto de poder, infl uencias o recursos y ser perseguido. La democracia es una obra en progreso. Por ello, exige escuchar a la mayoría de los ciudadanos que piensa que la justicia no es igual para todos, que no trata por igual a ricos y pobres y que no es la misma para un político que para un ciudadano de a pie. La decisión de la Corte agrega ilegitimidad, desorden y discriminación, cambiando discretamente reglas de juego con el argumento de defender el estado de derecho. ¡Qué vergüenza!
Fernando Giraldo
