El 4 de julio, celebramos 30 años de la Constitución con centenas de muertos, desparecidos, heridos, violaciones y detenciones y allanamientos ilegales que dejaron las jornadas de protesta de 2019, 2020 y del Paro Nacional de 2021. La Constitución no nos ha animado a entender que la democracia implica “negociación, compromisos y concesiones”. Ella era para: desarrollar la democracia (limitando el poder presidencial); superar la crisis de legitimidad y exclusión política; construir un estado social de derecho; consolidar la justicia y los controles al poder; y ampliar la participación ciudadana.
Pero se requieren gobiernos que no asuman a los ciudadanos como enemigos, que entiendan que una victoria nunca es absoluta y que la derrota no debe conducir a considerar a los demás como enemigos irreconciliables. Por eso, es reprochable que con la misma fuerza con la cual se persigue a críticos y opositores se proteja y defienda la violencia desatada por quienes son favorables al gobierno. Tratar a los adversarios como enemigos y terroristas es destruir la democracia. Atacar a la oposición política y social y la protesta, con mentiras difundidas ampliamente, legitiman la represión y el señalamiento; y son un cálculo estratégico para deslegitimar el próximo proceso electoral, en caso de no ser favorable a quienes hoy están en el poder. A un gobierno sin restricción, que actúa solo con decretos de excepción, y desdeña el Congreso, no le importa la vigencia de la democracia.
Con el pretexto de la “paz con legalidad”, la pandemia y las protestas, se ha concentrado el poder e incrementado el abuso de este. El Estado de Excepción ha permitido acentuar el monopolio de los poderes del Estado, saltando los límites y referentes constitucionales. El gobierno pasó por encima de la Constitución de 1991. Su reacción frente a las recientes protestas es un golpe certero a la Constitución. Las instituciones colombianas no logran contener la expansión del autoritarismo, al tiempo que crece, en la sociedad, una fuerza democrática que se contrapone a esta amenaza. No podemos calcular las consecuencias de la confrontación entre una Colombia autoritaria, agresiva e insaciable y otra democrática y amenazada. Las reglas formales no se refuerzan con instituciones informales antidemocráticas pues terminan debilitándolas. Si bien nuestra Constitución es incompleta y tiene ambigüedades (reflejadas en el nefasto funcionamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría) debemos restaurar el orden político consensuado en 1991, el cual ha quedado cuestionado. La Constitución sola no sirve para hacer frente al autoritarismo, sobre todo, con un gobierno que la hiere y mina la convivencia ciudadana.
Superar la crisis actual exige democratizar la sociedad y corroer el autoritarismo local y regional. Es preciso implementar la Constitución y realizar ajustes institucionales. Se debe contener la recentralización política, reequilibrar los poderes, establecer el voto obligatorio y profundizar la cultura de: respeto a la participación, legitimidad de los adversarios, defensa de la no violencia y la verdad como un principio para la actividad política.
