El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre Colombia refleja no solo la complejidad de una sociedad polarizada, fragmentada, con desigualdades e inequidades sociales estructurales, discriminadora y excluyente, sino el tipo de democracia existente. Por el contenido y alcance de las recomendaciones, el informe es un mensaje para entender la protesta en democracia y la importancia de construir una comunidad global, en donde las demandas se tramiten aprovechando los recursos con los que se cuenta para ello: diálogo, instituciones, voluntad, solidaridad y respeto a la participación y expresión ciudadana. Así entonces, la libertad de expresión (incluido el acceso y utilización del internet) y la protesta, institucionalizada o no, incluyendo los bloqueos y cortes de ruta que garanticen la distribución de alimentos, insumos para la salud, energía y el desplazamiento para atención médica, no pueden estar restringidos, tal como se pretende con el proyecto de ley sobre protestas, que busca estatizar la participación para impedirla. Dicho informe también deja claro que el abuso de la fuerza pública es inaceptable.
La participación es como los ciudadanos deseen hacerla, libre y con responsabilidad; no como quiera el Estado y menos el gobierno. No es legítimo prohibir o limitar la protesta con el argumento de que hay infiltración, vandalismo o que priman los derechos de quienes no protestan, pues estos siempre terminarían limitando los derechos ciudadanos a la protesta abierta. Le compete al gobierno garantizar los derechos a todos sin prohibir la participación, a través del diálogo, la negociación, separando la protesta del vandalismo y sobre todo atendiendo oportunamente los problemas que la originan. Las consecuencias de las protestas no competen en primer lugar a quienes se manifiestan, sino al gobierno, por la recurrente desatención de las necesidades y reclamos ciudadanos; y cuando estos se manifiestan, el gobierno debe dialogar, negociar y no descalificar o perseguir a quienes se expresan en el espacio público.
El gobierno rechaza el informe de la CIDH argumentando que nuestra institucionalidad (órganos de control, Fiscalía, Defensoría, justicia y Congreso) es fuerte y está vigente, lo cual resulta falso o poco confiable a los ojos de la mayoría. Evidencias de ello es el abuso de la fuerza pública y la actuación armada, antidemocrática e ilegal de personas de “bien” contra las protestas. Además, la institucionalidad, con frecuencia, parece estar al servicio del autoritarismo, impunidad, corrupción y violencia política.
Es rescatable la advertencia del informe para que los miles de atropellos no se repitan. Los reclamos, en los cuales confluyen mayorías sociales muy heterogéneas, llegaron para instalarse y se perpetuarán si el gobierno se mantiene sordo y consolida maneras para limitar, militarizar y perseguir con legalidad la protesta social. Cuanto más se intente lo anterior más nos alejaremos de un futuro como comunidad global. No construiremos una causa común como nación si no confluyen, en un espacio público único, las acciones de los políticos y gobernantes y de los ciudadanos.
