Los partidos políticos deben representar intereses sociales de sectores de la población y tramitar sus demandas ante el Estado, de manera inmediata y directa, sin alto costo. Pero, los partidos han desilusionado a la ciudadanía; en lugar de ser sus intermediarios en la relación con el Estado, ignoran o no comprenden sus sufrimientos y apremios. Solo parece preocuparles el poder, sus intereses de grupo y la protección de sus patrocinadores.
Los partidos no son lo que en otrora eran. Se han replegado, no copan la actividad política y ovacionan gobiernos tan ilegítimos como ellos mismos, despreciando a la población más pobre, sin recato ni pudor.
Se presentan como honestos y eficientes, pero resultan costosos por su funcionamiento, ineficacia y prácticas de corrupción de dirigentes, candidatos y representantes que los reputan negativamente. No controlan sus gobiernos ni protegen el erario y no saben comunicarse con los ciudadanos, o ya no les importa.
A la negativa polarización, fragmentación social y resquebrajamiento de las reglas electorales y exigencias de responsabilidad política, se suma que, ante la inexistencia de partidos fuertes y grandes, se hacen coaliciones electorales solo para llegar al poder, al gobierno o hacer elegir a sus representantes. Pasamos de tener, en 2003, 69 partidos indisciplinados, irresponsables y desestructurados, a tener hoy menos de 20 aún más débiles y descompuestos. No seleccionan sus candidatos, sino que estos escogen un partido para un aval; y los partidos ofrecen respaldo a candidatos ajenos a sus filas, sin consultar a sus militantes y sin la capacidad de controlar a los representantes que resulten elegidos.
Las reglas políticas exigen que los partidos participen en elecciones legislativas para obtener su personería jurídica. No obstante, hoy también se busca el reconocimiento jurídico por vías distintas a las electorales, en una clara violación e incumplimiento de la Constitución y la ley. Las autoridades políticas, electorales y cortes están reconociendo jurídicamente partidos que, por voluntad o responsabilidad de sus dirigentes perdieron ese derecho, validando otros mecanismos institucionales para conceder personería jurídica. La decisión voluntaria de un movimiento de no continuar con la participación electoral ante el asesinato de un dirigente político no es una razón suficiente para forzar el sistema electoral; sobre todo cuando numerosos movimientos en medio de estas, o peores vicisitudes, participaron electoralmente y no lograron su reconocimiento legal. La reaparición, sin participación electoral, del extinto Nuevo Liberalismo, o de movimientos como Dignidad y probablemente del Movimiento de Salvación Nacional y Partido Oxígeno, no son aceptables, a menos que previamente logren resultados electorales legislativos, según la ley.
En medio de una fragmentación política, electoral y social sin antecedentes, todo lo anterior nos llevará a un sistema de partidos cada vez más pequeños e ilegítimos y con una participación electoral atomizada, que debilitará la representación y golpeará la legitimidad del proceso electoral colombiano. De todo lo anterior nada bueno saldrá.
