Aquello que un gobernante no puede, o no quiere explicar, refleja la ligereza como gobierna; y si se trata de derechos de los ciudadanos, sin importar su nacionalidad, es la expresión de la falta de voluntad democrática para resolver los problemas y la no comprensión de la aspiración democrática de la sociedad.
Cada vez más, gobernantes nacionales y locales tratan a los ciudadanos como minusválidos, sujetos de reprimendas y con desconfianza. El gobierno nacional no sabe de democracia, ni tiene el ideal de desarrollarla, profundizarla y hacerla avanzar. Igual pasa con el gobierno de Bogotá cuando ignora los reclamos y demandas ciudadanas, para justificar, explicita o veladamente, la represión contra la población que protesta. Además, la alcaldesa de Bogotá descalifica y estigmatiza a los inmigrantes al anunciar persecución contra delincuentes de origen venezolano. Al no ser lo necesariamente escrupulosa para evitar señalar a todos los venezolanos como delincuentes, deja entrever que estos son los responsables de la inseguridad que se vive en las ciudades.
Este tipo de actitudes y comportamientos de nuestros gobiernos, más allá de su xenofobia (en nombre de la seguridad y la democracia) refleja la simpleza con que asumen y tratan los problemas de la sociedad. Como si la inseguridad no afectase con mayor fuerza a los migrantes de origen venezolano que, con el legítimo derecho, legales o no, viven en nuestro país. Como si la inseguridad en Colombia hubiese surgido por los venezolanos.
El simplismo democrático, para analizar, aprehender y tratar nuestros problemas, no sirve para que los ciudadanos comprendan nuestras dificultades y fenómenos sociales. La simplicidad al hablar de las cosas públicas no resuelve las dificultades y necesidades de la población, incluida la venezolana, por el contrario, las agrava. Dicha simplificación además es deshonesta, pues se da en un contexto político para buscar réditos políticos. Es tan perversa en Bogotá como en el país dada la inmadurez e irresponsabilidad del gobierno nacional al no tramitar las demandas sociales y clasificar las protestas como escenarios de conflictos de baja intensidad urbana, asimilando los ciudadanos, que siempre protestan con legitimidad, con “vándalos terroristas”.
Si hablásemos de delincuentes en la sociedad también los hay, y numerosos, en el Estado y en el sector público y privado. Hablar sobre algo que se desconoce o no se comprende, cuando se tienen posiciones privilegiadas, es ligereza, reflejo de incompetencia y muy lamentable. Así no se construye democracia ni se resuelven los problemas.
La democracia política que dicen ejercer nuestros gobernantes, no lo es. Un verdadero gobernante, aún en las peores condiciones y más grandes desafíos, actúa para la sociedad; no la divide, ni descalifica; no discrimina ni persigue el delito adjudicándolo, por voluntad o inconscientemente, a sectores de la población por tener características o perfiles específicos como el ser venezolano. Como si ser colombiano fuese mejor que venezolano. Si estos gobernantes, tan encumbrados, reflexionan y se comportan así, nuestro futuro es aún más incierto.
