La corrupción es la perversión de un régimen político y también se expresa en la sociedad, como una conducta de un individuo o un grupo de individuos. Sabemos que el poder puede corromper, y el “poder absoluto corrompe absolutamente” (Lord Acton). La política se relaciona con ambas acepciones.
Transparencia Internacional define la corrupción política como “el abuso del poder confiado a líderes políticos para obtener beneficios privados, con el objeto de incrementar su poder o su riqueza” (Hodess). La corrupción política se da en contextos institucionales, favorecida por la concentración del poder y el bajo grado de competencia política. Esta induce y monopoliza el proceso político, controla la conciencia, favorece grupos de interés afines a los gobiernos subnacionales, diluye los deberes cívicos y destruye los derechos ciudadanos. En la experiencia colombiana, altos niveles de corrupción han convivido con manifestaciones democráticas de la política, por ejemplo, a través del financiamiento de campañas electorales. La corrupción política se ha cruzado con la persuasión e influencia del crimen organizado, en una fuerte relación entre la política del poder y las mafias nacionales y regionales que definen candidatos y la elección de alcaldes, gobernadores, representantes y presidentes. Las elecciones se han corrompido, especialmente allí donde el poder es más corrupto y dogmático.
El sistema político y la sociedad colombiana, en su dimensión política, están enfermos de corrupción, asumida, implícita o conscientemente, como si fuese un valor, cuando en realidad es una calamidad. Una de sus manifestaciones se da cuando instituciones públicas, partidos, candidatos, sistema educativo, medios de comunicación, líderes de opinión y la familia guardan silencio, son permisivos u omiten aquello que podría reducirla y combatirla.
En Colombia, aunque la corrupción es un grave problema estructural, se logran encontrar espacios para develar sus manifestaciones a la opinión pública. Pero en la Región Caribe, sin haber más corrupción que en el resto del país, los ciudadanos son más permisivos con ella; se tiende a ocultarla y rara vez se considera un problema, e incluso algunos sectores ven como una cualidad que alguien logre sacar adelante algo a cualquier precio o por cualquier medio. La corrupción no es positiva en ninguna circunstancia. En el país, la corrupción política se ha manifestado a través de fraudes electorales, pero no por ello debemos aceptarla. Por esto, las declaraciones de Aida Merlano sobre corrupción electoral que comprometen al candidato presidencial Alejandro Char, la Casa Política Gerlein y numerosos políticos de todo el país es un tema grave. Por ello, el silencio impuesto a la opinión pública del Caribe es una complicidad y una prueba de legitimidad de la corrupción. Sería bueno saber si en el Caribe existe un candidato, representante político o gobernante que no haya mentido o utilizado alguna manera de corrupción para llegar al poder, y si han sido abierta y masivamente descalificados por la ciudadanía. Si la respuesta es no, en esta región está ocurriendo algo más grave que en el resto del país.
