Las élites colombianas aprecian la democracia cuando la pueden poner a su servicio, protege sus intereses y garantiza el poder para ellas. En caso contrario la democracia no les importa. Entonces no la defienden; la descalifican y destruyen.
Por iniciativa del gobierno y aprobación del Congreso se suspendió la Ley de Garantías para la campaña electoral, facilitando, en pocos meses, el robo y la dilapidación de enormes recursos públicos. Lo hicieron violando flagrante y conscientemente la Constitución y la ley, e ignorando el hambre y miseria de la mitad de los colombianos. El gobierno, sus partidos y las mayorías parlamentarias aprobaron dicha suspensión de manera ilegal y desinstitucionalizada, y en tiempo récord, antes del control de la Corte Constitucional, firmaron más de 645.000 contratos por un valor superior a 52 billones de pesos. Esta semana, la Corte Constitucional declaró ilegal e irresponsable dicha suspensión y anunció que el proceso de aprobación por el Congreso, y de paso la aceptación del presidente, fue anticonstitucional. Se incurrió en situaciones que pueden tener consecuencias penales por posible prevaricato. La Corte además ordenó liquidar todos los contratos.
Los congresistas no reconocen políticamente el fallo de la Corte constitucional, la descalifican cínicamente y se justifican por haber “obrado de buena fe”; como si nosotros los eligiésemos para que obren de mala fe y no para que actúen bien, correctamente, sin destruir la democracia ni feriar los recursos públicos a favor de sus amigos. Están quebrando la democracia con farsas y embustes. En lugar de presentar disculpas, respetar a la Corte y defender la Constitución, se colocan por fuera de toda la institucionalidad que dicen defender. Defienden la institucionalidad para enfrentar la legítima participación ciudadana, pero la violan sin pudor para echar mano de los recursos públicos e intentar alterar, ilegalmente a su favor, el proceso electoral. Sin arrepentimientos, el gobierno y Congreso actúan como instituciones contra la democracia y de manera pandillera. Su argumento era la reactivación económica. En realidad, buscaban incidir en las elecciones legislativas y presidenciales capturando los territorios con presupuesto para comprar, directa e indirectamente, la voluntad política de los electores.
Pero más allá de la violación de la Constitución y la ley, con la suspensión de la Ley de Garantías se tramitó el cambio de una norma electoral (que debe hacerse con una ley estatutaria de reforma política) a través de una ley orgánica de reforma tributaria; dejando entrever una tramposa intencionalidad. Lo cual no solo es anticonstitucional sino desinstitucionalizador. Esta situación comprometió mayoritariamente al Congreso, presidente y ministros.
Todo hace pensar que los congresistas no conocen la Constitución, lo cual es muy grave; o la conocen y la violan, lo cual es aún más grave. Son incompetentes para legislar a favor de los ciudadanos, pero tienen mucha habilidad para torcer a su favor la Constitución y la ley. Por este tipo de conductas y abuso de poder obtienen el menosprecio político y social de la mayoría ciudadana.
