En nuestro país, se nos decía que “había que cambiar todo para que siguiera igual”. Hoy se nos dice que no cambiemos nada para que todo esté mejor, como si estuviésemos muy bien. La ultraderecha radicalizada y autoritaria, democrática solo en el discurso, cada vez más está dispuesta a seguir reaccionando violentamente si ve afectados sus privilegios. Le tiene miedo a la democracia. La entiende a su manera, solo a su favor y contra los demás. No creen en el consenso y menos en las mayorías, salvo que estas estén de su lado o puedan manipularlas. Por ello, es indispensable insistir en que la legitimidad del proceso electoral depende de que los ganadores respeten a los perdedores y estos reconozcan a los ganadores.

Hoy, nos enfrentamos a dos problemas sociales y políticos: la evolución hacia la desinstitucionalización y antidemocracia de la sociedad, y el escenario de la actual campaña electoral en donde se contrasta el debate ideológico entre izquierda, derecha y centro con el debate político entre cambio y continuidad.

Sobre el primer problema, nuestra institucionalidad está, cada vez más, basada en favorecer la antidemocracia, la concentración del poder, la guerra interna y la represión y rechazo al diálogo social como único camino para mantener el orden y la autoridad. Es así como la Procuraduría, para favorecer un proyecto electoral, participa en política al actuar solamente contra funcionarios que identifica como enemigos ideológicos. El presidente hace campaña para su candidato. Los Generales deliberan en política a partir de un sesgo ideológico que persiste en las fuerzas de seguridad del Estado. Se viola la Ley de Garantías a través de procedimientos legislativos contrarios a la Constitución y la ley. Se intentó asaltar el sistema político con un código electoral aprobado violentando la ley. No se respeta la Justicia y desde el poder se promueve y protege la corrupción.

Asistimos a un acelerado deterioro democrático, dado que se ha contrapuesto la institucionalidad a la participación (incluyendo la electoral), fortalecido el ESMAD, paralizado el Congreso en estado de excepción, elegido vicepresidentes incapaces y socialmente cuestionables, nombrado registradores afines al gobierno (contrariando la Constitución) y promovido la anulación de elecciones cuando el resultado no conviene al poder. Así mismo, se concentra de manera descomunal el poder mediante la cooptación de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría), la Defensoría y la Fiscalía; e interviniendo el Banco de la República. Se toleran el paro armado de bandas criminales y paramilitares, las masacres y el asesinato de líderes sociales y excombatientes guerrilleros reinsertados. Se ridiculizan las amenazas a candidatos. Se promueve el autoritarismo local y regional, el monopolio del proceso político local y el crecimiento desmedido de las fuerzas de seguridad. Y a los funcionarios públicos se les deja participar en política electoral si son amigos del gobierno, pero se les persigue si simpatizan con candidatos opositores.

El segundo problema, sobre el escenario de confrontación electoral, se desarrollará en la próxima columna.