En nuestro modelo de gobierno presidencialista el poder está especialmente concentrado en el ejecutivo, cuyo presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de gobierno. La relación del Congreso con el gobierno ha tendido a ser de subsidiaridad y subordinación; un poder de bolsillo a favor del gobierno. Por las características políticas del gobierno entrante, disponer de amplias mayorías parlamentarias podría permitirle sacar adelante importantes iniciativas de cambio, anunciadas en campaña, y que fueron decisivas para el triunfo electoral. Algunas de esas reformas son sentidas como urgentes por la mayoría de la población.
Queda por ver cuál será el costo de los apoyos y transacciones que los partidos, bancadas y congresistas reelegidos impondrán al nuevo gobierno. Por el momento, pareciera que el gobierno electo tiene un viento de cola a favor para sacar adelante su agenda legislativa, al menos en el primer año. Faltaría ver si los congresistas que llegan por primera vez (185 de 289) actuarán con diligencia para adquirir el conocimiento sobre el funcionamiento del Congreso; y si resistirán con éxito la presión de corrupción que pueda provenir desde los poderes económicos, políticos y sociales. Debemos tener presente que la labor de lobby o cabildeo que se ejecuta en Colombia, para la cual no existe reglamentación alguna, y que ha sido fuente de corrupción política, ha estado en detrimento de los intereses ciudadanos y a favor de grupos y círculos de intereses privilegiados.
La información y percepción que tiene la inmensa mayoría de colombianos sobre el Congreso es de ausencia de responsabilidad como corporación, escaso tiempo dedicado al trabajo legislativo, poca productividad, extravagantes honorarios y prebendas y un sistemático y agresivo lobby sin cuartel que ha desvirtuado la labor congresional. La historia nos indica que los congresistas más antiguos han tendido a poner su experiencia al servicio de intereses particulares y personales. El desprestigio del Congreso de la República no se ha logrado gratuitamente. Ahora parece que estamos frente a una gran oportunidad de cambio político en el poder legislativo, pues asistimos a un Congreso con gente nueva que, aunque no tiene experiencia, suscita gran expectativa política. Congresistas que deben acelerar su formación sobre el proceso y procedimiento legislativo y aprovechar la capacidad investigativa y de información técnica de sus unidades de apoyo para la labor legislativa.
Quizás para facilitar una mejor labor del legislativo se debería institucionalizar el lobby o cabildeo. Los países que tienen reglamentada la labor lobista han logrado limitar la indebida intervención de los particulares en el proceso legislativo, hacer seguimiento al trabajo legislativo y combatir la corrupción política de los congresistas. En nuestro caso ha habido una oposición cerrada a cualquier intento de reglamentación del lobby. Claro está que el combate a la corrupción en el parlamento no depende, exclusivamente, de la existencia de una reglamentación legal del lobby; también obedece al compromiso de los partidos y de cada congresista con los intereses de la ciudadanía.
