Hoy los intocables son los expresidentes de Colombia. Ahora se pretende ampliar esta casta privilegiada a los funcionarios públicos, exfuncionarios y sus familiares. El Congreso de Colombia se propone lograrlo con una nueva ley anticorrupción presentada supuestamente para combatir la corrupción, pero que terminará protegiendo y blindando a los corruptos. En otras palabras, este Congreso corrompe hasta la lucha contra la corrupción.

Nuestro Congreso es un recinto tan antidemocrático que si algo lo caracteriza es la corrupción política generalizada, que ha hecho de la democracia algo banal y ajeno a la vida ciudadana. La apariencia y simulación de democracia que tenemos resulta altamente costosa para la sociedad, a tal punto que un gran porcentaje de ciudadanos ya no se preocupa por su mantenimiento y desarrollo. Más allá de la teoría, ¿qué tiene de digno nuestro Congreso que justifique su defensa, si su escasa utilidad práctica es causada por sus integrantes, elegidos por nosotros? En el proyecto de ley anticorrupción, el representante Cesar Lorduy y otros, defendieron un artículo para perseguir, enjuiciar y condenar severamente a quienes denuncien la corrupción que cometan funcionarios públicos. En el proyecto, aprobado en la Cámara de Representantes, se castigará hasta con 120 meses de cárcel a quienes denuncien la corrupción pública. En otras palabras, la ley anticorrupción protegerá la corrupción.

Pero una cosa son los cientos de miles de funcionarios que trabajan con decencia y otra son aquellos (varios miles) que con cargos políticos tienen funciones públicas, y que se distinguen por poner a su servicio particular el erario, las instituciones y la ley. No actúan para los ciudadanos. La mayoría de los congresistas y altos funcionarios estatales no responden ante la sociedad y se distinguen por la ausencia de ética. ¿Por qué temen tanto que los puedan denunciar, si dicen tener decencia, pulcritud y honor? Por la forma como se hacen elegir y como actúan, además de cínicos, no se acercan tan siquiera a la más mínima expresión de la decencia de los ciudadanos. La mayoría de los congresistas son todo menos decentes. Representan un lugar oscuro de sombras y penumbras. No merecen el más mínimo reconocimiento y respeto.

Este sistema político no soporta la transparencia. Es un hibrido de democracia formal, arbitrariedad, incapacidad, saqueo de lo público, no rendición de cuentas y privilegios. Quienes radicaron el contenido del artículo para proteger la corrupción y a los corruptos son lo más perverso de la sociedad. Son una vergüenza. Son tan “carones” que amenazan de antemano a quienes se atrevan a denunciarlos, bajo la premisa de que siempre serán calumnias. Congresistas y altos funcionarios deberían irse y dejar que el país intente reconstruir un sendero democrático, sin ellos, pues su presencia y actitudes son calamitosas.

PD. Para numerosos congresistas y la Fiscalía General si algún ciudadano los critica o denuncia es un delincuente. Esta columna es alusiva a ustedes por el riesgo que representan para el país. Soy un académico y además columnista de opinión.