La Costa Caribe ha venido sufriendo por el desgobierno nacional. La inseguridad es abismal, el bloqueo de obras trascendentales como el canal del Dique en Bolívar o la doble calzada Barranquilla- Ciénaga con sus viaductos, han generado molestias. Todavía está en el recuerdo, el saboteo contra los juegos Panamericanos cuya financiación se enredó y la ciudad se quedó sin esa vitrina maravillosa. En aquellos días dije en la ciudad de Medellín que estaba seguro que si los Panamericanos hubieran sido del crimen, el gobierno hubiera financiado. Llovieron rayos y centellas pero era cierto.

Sin embargo, el tema más complejo del caribe es la energía y sus excesivas tarifas. En días pasados, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez expidió un alarmante comunicado en el que señaló que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía. Esto implica según el ente de control que hay un inminente racionamiento en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Vichada. Si a esto le añadimos la desconexión que sufren 194,000 usuarios más pobres en el caribe por falta de pago, derivado de aumentos del 30% de las facturas por la imposibilidad de poner en cintura regulatoria a los generadores y por la ausente política regulatoria de la CREG (Comisión de Regulación de Energía), la situación es más que preocupante.

A este panorama, hay que agregar que a pesar del esfuerzo de la bancada costeña, el alcalde Char y el gobernador Verano por resolver el aumento de las tarifas la situación no avanza. Según lo acordado en la última reunión en Barranquilla se van a renegociar los contratos entre generadores y comercializadores de energía. Esto puede tomar mucho tiempo y la gente está desesperada. Del mismo modo, el gobierno no ha podido resolver lo relativo a la “ opción tarifaria” que permitió que se congelaran las tarifas durante la pandemia para ayudarle a los colombianos a reducir su gasto. Son 4,7 billones de pesos que se le adeudan a los operadores de la red que podría llevar a que los generadores de energía restrinjan la transmisión. El gobierno responde que el Congreso de la República debe expedir una ley para resolver el problema. Lo más grave de este panorama es que no hay acciones frente al apagón que se nos viene encima.

Todo este panorama, más un posible desabastecimiento de gas que podría multiplicar las tarifas de la factura por tres si se llega a importar gas, nos deja en una situación difícil con un gobierno que mira con mezquindad el Caribe. Creo que la mejor fotografía de esa mirada despectiva, la dio la Ministra de Transporte, María Constanza García quien ante el reclamo válido del valiente senador liberal Mauricio Gómez Amin sobre el infame cobro de valorización, le dijo imponiéndole su poder en la sede del Ministerio: “ Estamos en mi casa, senador”. No, Ministra, esa casa de la que usted habla es de todos. Y el Caribe merece respeto.