Es inaudito que, en este momento, el de mayor riesgo de salubridad que se conozca en el último siglo, el gobierno se agarre en una insensata leguleyada con alcaldes y gobernadores. La polémica parece superada, pero resultó ser una vergonzosa muestra de debilidad del presidente Duque y de algunos de sus ministros para tomar y comunicar decisiones, en este caso ante la pandemia del coronavirus.
Fue una frase en términos interrogantes de la cuestionada ministra del Interior Alicia Arango uno de los tizones que incendió la hoguera: ¿para qué cerrar ciudades que todavía no tienen contagiados con el virus? Con esto parece ella más preocupada por la economía que por la vida de los colombianos.
Quienes acogieron de entrada la orden del presidente tumbando los toques de queda en las regiones lo hicieron a regañadientes, aunque hubo algunos mandatarios, como los alcaldes de Cartagena y de La Ceja que se mantuvieron firmes dando muestras de carácter, aun a riesgo de ser sancionados. En el caso del alcalde de La Ceja, este entregó declaraciones incendiarias en defensa de su población, a la cual conoce mucho más de lo que la conoce Duque. Fueron varias horas de infértil polémica, un precioso tiempo que el país perdió mientras el Covid-19 aumentaba a pasos agigantados.
Son las crisis las verdaderas medidoras del comportamiento humano. Y allí está la capacidad -o incapacidad- de los gobernantes y el compromiso de las entidades con la humanidad. Por ejemplo, es insólito que a estas alturas del riesgo en Barranquilla todavía empresas de matriz extranjera obliguen a trabajar a su numeroso personal con el riesgo a bordo.
Un caso ocurrido recientemente aquí y denunciado por el controvertido senador Armando Benedetti ha originado otra polémica con amenazas de denuncia penal por presunta calumnia e injuria. Se trata de una fiesta realizada en el Country Club, programada con anticipación, pero susceptible de ser aplazada dada la situación y el riesgo que vive y sufre el planeta. La ventana legal para llevar a cabo el festejo fue el límite de aforo impuesto por el Ministerio de Salud de 500 personas por reunión de cualquier tipo. Afirma el aguerrido senador denunciante, que la convocatoria a la pachanga fue superior y a la fiesta vinieron invitados de uno de los países más afectados del mundo: España. Nada menos, en donde hasta ayer se registraban 17 mil 100 casos detectados y 750 víctimas fatales con inclinación a aumentar desaforadamente. Allá han llegado al punto límite por la emergencia. Deben dejar morir a quienes están en alto riesgo para darle la oportunidad de vivir a otras personas. Dramático.
Si es así, si esa fiesta monumental de club se llevó a cabo sin respetar los controles, es una muestra de la insensatez de nuestra gente, en particular la de la clase más privilegiada que tiene las alternativas y los beneficios para aplazar una rumba, como debería ser. Si la denuncia es cierta los responsables deben ser sancionados de manera ejemplar por el riesgo de multiplicar a invitados y meseros el Covid-19. “Primero yo”, parece que es su lema. ¡Qué falta de prudencia civil, cuánta indisciplina social, cuánto egoísmo!
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