Hoy, a un paso de llegar a las bodas de plata de haber sido emitida esa orden, la justicia colombiana sigue en el siglo XX, con anaqueles del XIX.
Poco ha cambiado desde 1996, cuando el Consejo Superior de la Judicatura quedó encargado de la modernización y ahora, en los últimos tres meses, una pandemia de cinco palabras y dos números ha puesto en mayor evidencia el reconocido vacío de nuestra justicia: la brecha digital.
Si la justicia colombiana estuviese digitalizada como debiera estar, miles de abogados litigantes no colgarían de un hilo y millones de personas que esperan un fallo judicial, o la ejecución del que ya alcanzaron, por una herencia, una pensión o un merecido derecho no tuvieran el corazón en la boca. Ahí están las montañas de folders llenos de polvo en la era de la inteligencia artificial.
El déficit técnico, que termina siendo estructural, se patentiza aún más porque el impacto y las consecuencias del covid-19 paralizaron el mundo familiar, social y comercial. De esta última parálisis se derivarán cientos de miles de complicados procesos judiciales en los cuales todo el mundo parece tener la razón. Todos sumados a los más de dos millones existentes o estancados y un poco más de dos millones cien mil de los que entran y salen permanente de los juzgados, como las tutelas o los procesos judiciales de pronta resolución. Lo que se ve venir es un estruendoso caos y una de las salidas es la conciliación, o en algunos casos, la mediación.
Pocos, muy pocos, despachos judiciales en el país están a tono con la modernidad digital. Uno de ellos es el de la Magistrada María Victoria Quiñones, del Tribunal Administrativo del Magdalena. Y si hay más no alcanzan la media docena en todo el país, en donde el número de despachos supera los cinco mil 300.
El Consejo Superior de la Judicatura ha fallado en la falta de impulso real a la incorporación de la tecnología de avanzada para modernizar la administración de justicia. Si el expediente digital hubiese remplazado al físico, como pretendía el Estado desde 1996, el coronavirus no tendría también como víctima al servicio judicial, compuesto por los abogados litigantes y sus clientes, ciudadanos de a pie o de jet que esperan respuesta a sus respetuosas pretensiones legales.
El déficit en la digitalización es una extensa cadena de solicitudes y exigencias de organismos, códigos y salas que nunca se han cumplido. En un informe sobre este demorado asunto se puede leer una de esas pretenciosas órdenes de la burocracia judicial: “…el CPACA dio un plazo de cinco años a la Sala Administrativa del CSJ, para que implemente el expediente judicial electrónico, esto es, el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro del proceso…”. En fin, letra muerta cuando se lo que se busca es litigar por internet con la bandera ecológica de eliminar las hojas. Veinte años después del cambio de mileno el poder judicial parece estar condenado al papel.
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