En un país de justicia endeble como el nuestro, la máxima pena es riesgosa y no garantiza que frenen los abusos, en particular en el caso de psicópatas, quienes, como está ampliamente demostrado, no pueden dominar sus enfermizos impulsos. A ellos hay que darles un tratamiento particular que implica privación de la libertad en centros especiales porque se trata de individuos inimputables. Además, es conocida su habilidad para escapar de cárceles sin personal especializado. La aprobación de esa pena, que causó una breve polémica, tiene como objeto detener el crecimiento de ese execrable delito.
Pero el asunto que nos ocupa no es sobre los probables beneficios de esa medida. Esta aborrecible conducta penal muestra un vergonzoso aumento en el país. Las estadísticas lo dicen todo: 86% de la violencia sexual es cometida contra niños, niñas y adolescentes. A la fecha, la Fiscalía realiza 19 mil 287 investigaciones por abuso y, créanlo o no, solo hay 5% de condenas. El año pasado Medicina Legal realizó 22.211 exámenes por este tipo de conducta.
Un informe de esa entidad, del periodo 2016-2019, señala que 18.927 víctimas han sido niñas y adolescentes mujeres entre los 10 y los 14 años, mientras el registro establece que 3.284 niños fueron abusados en ese mismo lapso. Los números son altos. El año pasado el Instituto de Medicina Legal realizó 22.211 exámenes, estimando que muchos hechos no llegan a los estrados judiciales por el silencio de las víctimas o el miedo o prejuicio de la familia. Durante los cuatro primeros meses de 2020 Medicina Legal realizó 5.436 exámenes a 876 niños y a 4.576 niñas y adolescentes por delitos sexuales, cuyas graves secuelas emocionales pueden tener repercusiones a largo plazo en su salud mental. Un dato importante es que 20% de los abusadores son otros jóvenes.
En Colombia, la Agencia Pandy es una de las entidades con abundante y calificada información sobre la protección de la niñez y ha planteado la necesidad urgente de empoderar más a las madres de niñas víctimas de violencia sexual al interior del hogar, dado que muchas veces el agresor es el proveedor de esa familia y la esposa o compañera lo tolera, tornándose en cómplice por necesidad y dependencia económica. Una de las recomendaciones es el fortalecimiento en información y valores a los menores de edad.
Para cerrar, hay que decir que los procesos por este tipo penal no son fáciles. Una característica en estas investigaciones es la falta de evidencias objetivas. La mayor parte de las veces la única prueba es el testimonio de la niña o niño abusado, que el agresor sexual logra contradecir con facilidad, no fue el caso de los soldados que confesaron la violación.
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