Aprovechando con perversa manipulación la letra chica de los contratos exequiales, muchas empresas prestadoras de este servicio hacen un tramposo agosto con la pandemia producida por el COVID-19. Es obvio que la clientela aumenta porque el número de fallecimientos crece cada día de manera alarmante y las funerarias y cooperativas dedicadas a las ahora arriesgadas lides de preparación de cadáveres ejercen su labor masivamente.

Pero las quejas de los usuarios son inmensas, y no de manera específica por la demora en el procedimiento de recoger los cuerpos de los fallecidos, sino por las trabas impuestas a partir de cláusulas aparentemente no cumplidas por los clientes o sacadas a relucir a última hora.

Se sabe de familias, a cuyo dolor por la pérdida del pariente se le debe sumar el riesgoso suplicio de mantener al abuelo querido sin vida en su lecho final hasta por varios días, en parte por el escandaloso aumento de la demanda del servicio, pero también por los enredos en los vericuetos contractuales no bien leídos o con varias interpretaciones o con directrices unilaterales tomadas por la empresa a última hora. Si el difunto murió por COVID-19 los riesgos de contagios son múltiples al mantener el cadáver en casa. Un suplicio por la pérdida del ser querido y un temor por el riesgo del posible y mortal contagio.

Son muchas las personas con quejas en el país porque al momento de solicitar el servicio algunas empresas exequiales les hacen cobros extras que supuestamente ya estaban incluidos en el plan y pagados hace un buen tiempo. Esta actuación las hace infringir las normas del Estatuto del Consumidor sobre información y condiciones del servicio, por lo cual son susceptibles de ser sancionadas.

Así que hay numerosas quejas respecto de este servicio, unas por la no prestación oportuna del mismo, lo cual es explicable y justificado en algunos casos por la forma vertiginosa como aumentan los decesos por coronavirus. Pero lo que no tiene justificación ni explicación son los cambios en las reglas del juego cuando los deudos cargan el dolor y el peligroso riesgo a cuesta.

Las autoridades estiman que cuando el cliente contrata los servicios exequiales para sí mismo o para un familiar o tercero, antes de que se configure el hecho que da lugar a su ejecución -o sea la muerte del beneficiario-, la expectativa que se genera es que cuando muera, la empresa funeraria con la que contrató asuma los costos en la forma en la que se pactó el contrato original. Se conocen situaciones en las que aplican formulas traídas de los cabellos para que el cliente pague una suma extra por el servicio que tiene carácter de urgente.

¿Quién ronda a las funerarias? ¿Cuál entidad las vigila? Lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que en su competencia las puede sancionar, como en efecto lo ha hecho en varios casos en las que esas empresas se las dan de vivos con los muertos.

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