Se sabe de maltratos, agresiones, corrupción y abuso excesivo de la autoridad en Venezuela, pero aún no se conoce con certeza absoluta de ejecuciones extrajudiciales en ese convulsionado país. Por eso llama la atención el anuncio de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Y es que circula desde ayer un documento, en el cual la reconocida expresidente chilena, a nombre de su flamante dependencia, hace severas advertencias sobre lo que puede estar ocurriendo bajo el gobierno de Maduro.

Uno de los argumentos de los defensores del heredero de Chávez es el presunto complot mundial operado desde la aplicación de una matriz comunicacional, usando el macartismo contra el régimen del cual es asociado el temible Diosdado y una camarilla que se enriquece día a día con negocios por debajo de la mesa, según el decir de sus mismos compatriotas. Los que están allá y los que salieron. E inclusive de quienes compartieron en algún momento el poder con ellos.

Los argumentos del complot, aunque para algunos son traídos de los cabellos, tienen una base histórica, a partir de la manipulación de los grandes medios de comunicación del mundo, como se ha visto en otras ocasiones y en otros países. Pero el bizarro gobierno venezolano da para todo. Junto a las salidas en falso y cantinflescas de Maduro está el mayor éxodo de ciudadanos de este continente. Tiene enfrente una oposición frágil y caricaturizada. Un Juan Guaidó cada vez más débil y sin aparente futuro, aunque reconocido por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. Pero sus aliados parecen ser pura bulla, porque no logran el cometido final que es tumbar al gobierno de pretensiones socialistas.

El documento de la Bachelet da cuenta de “una proporción "sorprendentemente elevada" de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Venezuela”. Es una denuncia fuerte, preocupante y la cual podría ser tendenciosa, pero de la expresidenta chilena se tienen las referencias de una mujer sería, e inclusive, su línea es socialista.

Uno de los puntos que resalta el informe es sobre los grupos civiles armados, cuyo nombre oficial es el de colectivos, los cuales han contribuido al deterioro de la situación. Se trata de sectores populares creados para apoyar el establecimiento desde el gobierno de Chávez para imponer control social y para apoyar la represión contra las manifestaciones de la oposición.

Ante lo denunciado, y como es obvio, el gobierno descalifica el informe porque nada dice sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales, calificadas por Maduro de ilegales e ilegítimamente impuestas a ese país. Todo se podría quedar en un limbo de especulaciones de lado y lado, excepto porque la diáspora se nota. Y se nota en grandes cantidades, como se nota el caos por la falta de medicinas, alimentos, gasolina. El deterioro del bienestar en general, que contrasta con un país generoso que navegaba en la abundancia y también en la corrupción.

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