Por fin el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya dio a conocer las bases del nuevo Plan de Desarrollo, basado en un Pacto por Colombia y la Equidad. A comienzos de noviembre asistimos a una reunión en la Uninorte convocada por la directora del DNP, Gloria Alonso, para presentar las bases del mismo, documento que ya pueden consultar en la página de esta entidad. En dicha reunión se siguió el formato de siempre: se presentó el documento, se invitó a la región a participar y luego la directora se fue rápido, pues tenía que viajar. En fin, no escuchó nada de lo que la región podía aportar, salvo unos comentarios de la directora de Fundesarrollo y de Adolfo Meisel, referidos a lo de Casa Grande Caribe. Después intervinieron congresistas y alcaldes, y de discusión con el público, como siempre pasa, ninguna.

Me recordó el Plan de Desarrollo de Simón Gaviria, el cual se iba a construir desde las regiones, el cual siguió el mismo formato, pues de “regional” tuvo poco. La dra. Alonso hizo hincapié en las disparidades regionales del país, señalando que las RAP’s serían la base del mismo, reconociendo las áreas de influencia de las mismas, lo cual se revela en el documento al hacer propuestas para cada una de las regiones. Lo que preocupa es que se hicieron desde el “centro” hacia las “regiones”, donde me temo que la participación de las mismas es reducida o simbólica. Aquí me surgió la inquietud de cómo el gobierno dice que apoya las RAP’s, pero a la vez el Ministerio de Hacienda dice que no hay plata para las mismas y ha entrabado la Ley de Regiones en la Cámara de Representantes al negarles recursos del presupuesto nacional, del SGP o de regalías. En fin, parece que el esquema es el mismo: si quieren región, háganla, pero sin plata de la Nación, experiencia ya sufrida con el fracaso del Sipur. De esta forma, seguimos sin incidir en la elaboración del Presupuesto General de la Nación, ni podemos tener una unidad técnica regional que elabore verdaderos proyectos de alcance regional.

La visión general del Plan es muy conservadora, neoliberal y nada novedosa, pues se limita a un enfoque más bien neoinstitucional, donde se combinan las políticas asistenciales en gasto social con políticas que solo brindan apoyo a la legalidad, el emprendimiento y a generar las condiciones para el desarrollo de los diferentes sectores en el entorno (trámites, regulaciones, apoyo en créditos, etc.). En otras palabras, el Estado es pasivo frente a la actividad económica y espera que el sector privado responda por el desarrollo industrial y agroindustrial espontáneamente. Se revela un apoyo más positivo a las industrias “culturales”, que como sabemos son solo el 2% del PIB. Las inversiones serán por $1.100 billones en los cuatro años, donde el 67% de los recursos saldrán del sector público en actividades que ya se vienen haciendo. El Plan se queda en el discurso asistencialista de la equidad, no planteándose políticas de igualdad, tan esenciales a la discusión moderna en todos los países. Los colombianos votaron por esas políticas y ya veremos si dan resultado en una economía que crece muy lentamente.