La seguridad ciudadana está asociada, aunque no de manera exclusiva, con la atención y mitigación de las múltiples manifestaciones de violencia y criminalidad. La importancia de esta área se refleja en su capacidad de repercutir en el bienestar general de los ciudadanos, precisamente, porque su adecuada inserción y ejecución en las agendas de gobierno está embestida de una centralidad articuladora con otras áreas del desarrollo comunitario.
Ahora bien, la ya difícil situación de seguridad ciudadana en el Distrito de Barranquilla se torna aún más compleja si se toman en consideración los datos de aumento del delito de extorsión. Especialmente, cuando también se evidencia su dramática concentración en algunos de los sectores de mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad.
Cuando se habla de extorsión, básicamente, se trata del constreñimiento que se hace a una persona con el propósito de tolerar u omitir alguna cosa para obtener provecho, utilidad, o beneficio ilícito, para quien desarrolla el delito o para un tercero.
La distribución espacial de este delito en el Distrito de Barranquilla, obedece a un factor que no está sujeto a una coyuntura recientemente derivada de problemáticas sociales asociadas a la pandemia. Por consiguiente, la concentración territorial de este flagelo se repite en las mismas zonas que históricamente han sido señaladas de manera habitual.
La permanencia en el tiempo de estas zonas de vulnerabilidad y el incremento de los registros de extorsión en la ciudad, indican su instrumentalización como fuente de financiamiento de estructuras criminales y a su vez, vulnera de manera directa el derecho al desarrollo de la libre empresa fundamentalmente en pequeños y medianos comercios. Así mismo, afectan las iniciativas de reactivación económica, competitividad y atracción de capital con las que tanto se ha promocionado a la ciudad de Barranquilla.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que frente al delito de extorsión existe un enorme sub-registro de casos. Es decir, hechos extorsivos cuyas denuncias nunca son formalizadas a través de los mecanismos institucionales y que por ello no son debidamente incluidas en el registro de las autoridades. Por lo tanto, solo se estaría viendo una parte muy superficial del problema (punta del iceberg) y no las enormes implicaciones de fondo que subyace bajo esa superficie.
* Doctor en Seguridad Internacional
