La seguridad es un derecho y es un derecho que nos compete a todos.
A pesar de no estar expresamente nominado como un derecho fundamental en la Constitución Política, la Corte Constitucional sí que lo ha reiterado como tal, a partir de la interpretación sistémica de nuestra carta magna y de diferentes instrumentos normativos del Derecho Internacional que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico a partir del llamado bloque de constitucionalidad.
En últimas, la inseguridad genera ciudadanos menos libres y temerosos. Esta circunstancia tiene el potencial de alterar el normal transcurrir de sus experiencias de vida en hechos cotidianos como ir de compras, salir de noche, montar un pequeño negocio o emprendimiento, planear unas vacaciones o usar medios de transporte público. Es decir, acciones del día a día, frente a las cuales nos podemos identificar todos.
El próximo 29 de Julio vencerá el plazo para la inscripción de personas que quieran participar como candidatos al proceso electoral de autoridades locales a lo largo y ancho del territorio nacional. La proximidad de las elecciones invita a un diálogo sobre los temas fundamentales para la ciudadanía y la seguridad es prioritaria en estos temas.
Ahora bien, el detrimento en indicadores de seguridad en las múltiples dimensiones del orden público y el incremento de la violencia por el fortalecimiento de estructuras de crimen organizado ha marcado la gestión política y estratégica de la seguridad en Barranquilla, su área metropolitana y el Departamento del Atlántico en los últimos años.
La poca formación en materia de seguridad de muchos que hoy aspiran a ser tomadores de decisiones en sus respectivos ámbitos locales y/o el indebido acompañamiento en estas áreas puede impactar la adecuada gestión territorial de la seguridad. Hasta ahora poco o nada se ha planteado en muchos discursos políticos sobre la evaluación concreta del riesgo situacional y de las estrategias puntuales de seguridad para hacerle frente.
La importancia de esta área de trabajo se refleja en su capacidad de repercutir en el bienestar general de los ciudadanos. Precisamente, porque su adecuada inserción y ejecución en las agendas de gobierno está investida de una centralidad articuladora con otras áreas del desarrollo comunitario.
Entender esta realidad es el primer paso de aproximación hacia un área de labor llena de retos, académicos, técnicos y prácticos. Así mismo, reitera la necesidad de distanciarse de medidas anticuadas y/o anuncios superfluos, parciales y reactivos en aras de estructurar unas verdaderas estrategias aterrizadas, con prioridades definidas y pautas claras de acción frente a los múltiples desafíos en materia de seguridad ciudadana.
El tiempo apremia.
