Mis amigos colombianos me preguntan qué pasa en Cataluña. ¿Se prohibió votar a los catalanes? ¿Hay presos políticos en España? ¿Los catalanes quieren la independencia de España? ¿Cataluña es una colonia oprimida? ¿Las autoridades están reprimiendo a los ciudadanos con ideas independentistas? Voy a intentar dar respuesta a estos interrogantes.

España es un Estado de Derecho y una democracia parlamentaria plenamente integrada en la Unión Europea. La Constitución Española de 1978 prevé en su artículo 92.1 que se puedan celebrar referendos y establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”; es decir, una decisión tan grave que desmembraría un Estado con más de quinientos años de existencia y afectaría al conjunto de los ciudadanos sólo puede ser decidido por un referendo de todo el pueblo español y no de una parte de éste.

Pongamos un ejemplo de política - ficción para ilustrar este concepto. Si en algún momento un gobernador de Antioquia, esgrimiendo el precedente de 1810, propugnara la independencia y pretendiera decidirlo en una votación en el departamento, estaría robando la soberanía al conjunto de los ciudadanos de Colombia. Se trataría de un hecho que afecta a toda la nación y que, en todo caso, no puede ser decidido sólo por una parte de los colombianos. La Corte Constitucional advertiría al gobernador de la inconstitucionalidad del supuesto referendo y si el gobernador, desobedeciendo a la judicatura, celebra la consulta estaría vulnerando la Ley.

El 1 de octubre de 2017 las autoridades regionales catalanas utilizaron fondos públicos para organizar una pantomima de votación que supuso una grave quiebra del consenso social, así como disturbios y actos de violencia. No se prohibió votar sino la celebración de un referéndum de autodeterminación convocado de forma ilegal y sin ninguna garantía democrática.

No se puede hablar de presos políticos, puesto que nadie ha sido detenido por sus ideas y opiniones. Lo que hay es “políticos presos” por corrupción y por sedición. Se trata de un caso en el que se ha demostrado que los máximos representantes del Estado español en Cataluña desviaron fondos públicos para cometer un acto ilegal con el objetivo de destruir el propio Estado. El Tribunal Supremo, tras dos años de juicio, ha condenado a los organizadores del referéndum ilegal por sedición y por malversación de fondos públicos; es decir, por los hechos delictivos que han cometido, no por sus ideas.

Cataluña es una de las regiones más ricas y con un nivel de vida más alto de Europa. La mayoría de la población manifiesta que se siente española, como se puso de manifiesto en las elecciones regionales que se celebraron pocos meses después y en las que los partidos constitucionalistas obtuvieron más votos que los nacionalistas.

El populismo independentista practicado por los políticos locales ha fracturado la sociedad e incluso las familias. Los políticos independentistas propugnan un nacionalismo de corte supremacista y racista que, aprovechando la tibieza del gobierno central, se ha adueñado de la educación y de buena parte de los medios de comunicación para generar una cultura de odio a todo lo hispano. El actual presidente de la Generalitat, el gobierno autonómico, ha escrito perlas racistas como que aquellos que hablamos español somos “bestias con forma humana” (“La lengua i les bèsties”, artículo publicado en el diario El Mon el 19 de diciembre de 2012).

Durante los próximos años corresponde al Estado de Derecho asegurar el ordenamiento jurídico y proteger a todos los ciudadanos en Cataluña. Y corresponde a los políticos y al conjunto de la sociedad ir reparando las heridas, arrinconar al populismo, desenmascarar a los racistas y recuperar la concordia. Amigos, necesitamos estadistas.