Romper totalmente las relaciones diplomáticas con un país no es un juego de adolescentes caprichosos. Las implicaciones de una decisión de esa envergadura suponen, no solo que el Gobierno esté preparado para asumirlas cuando se presenten coyunturas urgentes, sino también que cuente con un margen de gobernabilidad suficiente como para no tener que explicar lo inexplicable.
En uno de los muchos arrebatos de índole ideológico que forman parte de nuestro paisaje gubernamental, el presidente Duque decidió suspender completamente la diplomacia con Caracas, desconocer el gobierno de Maduro y convertir en interlocutor oficial a Juan Guaidó.
El problema de esta disparatada salida es que Guiadó, a pesar de lo que diga Duque o cualquiera que piense que el régimen chavista es espurio, solo puede ser un mandatario en teoría: no controla a las Fuerzas Armadas, no tiene injerencia en ningún organismo del Estado y, por supuesto, no está a cargo de las relaciones exteriores de Venezuela. Eso sin contar con que nadie votó por él y su autoproclamación como presidente tiene tantos cuestionamientos como los del mismo Maduro.
Es por eso que la captura de la exsenadora Merlano constituye una oportunidad para confirmar el verdadero alcance de la decisión presidencial de cortar la comunicación diplomática con Venezuela. El resultado no puede ser más absurdo.
Una prófuga de la justicia es detenida y Colombia, con tal de no dar su brazo a torcer, decide tramitar la orden de extradición a un gobierno que no existe. La caricatura se pinta sola y da pie para reflexionar acerca de la idoneidad del gobierno Duque para manejar con responsabilidad y sensatez los más delicados asuntos del Estado.
Pensemos por un momento que un asesino en serie o un terrorista o un narcotraficante huye a Venezuela y es capturado en ese territorio. ¿Cómo piensa Duque y su equipo que puede lograr traer a un delincuente a que responda ante la justicia de Colombia por sus delitos?
Es inaceptable que la respuesta a una pregunta tan sencilla dependa de la improvisación, la terquedad y la falta de anticipación de un gobierno que pone por encima los caprichos personales de sus líderes a los intereses mayores de la Nación.
Dictaduras iguales o peores que la Venezuela han pululado en el continente sin que las reservas acerca de su legitimidad hayan conducido Colombia a anular los canales diplomáticos. No muy lejos están los ejemplos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y más atrás los de Bolivia, Perú y la misma Venezuela.
Y la razón es muy simple: la relación entre países va más allá de las diferencias ideológicas o los conflictos internos, y no pueden estar sujetas a las veleidades de la política.
@desdeelfrio
