La partida en Italia comenzó ayer desde el Hospital Spallanzani de Roma para luego proceder en todo el país con una distribución inicial por carreteras y vías aéreas de 9.750 dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech.
Cuando aún esta valiosa carga no ha sido completamente aplicada, destinada a cubrir una primera parte de la población objetivo representada por ancianos residentes en hogares geriátricos, el respectivo personal sanitario y por supuesto, el personal médico sanitario que trabaja en hospitales y consultorios, surgen noticias que dejan escapar una inseguridad que no pasa desapercibida.
¿Qué sucede cuando un grupo de médicos y de operadores en hogares geriátricos son aquellos que se niegan a recibir la vacuna en sus organismos? A escasas 24 horas de la primera aplicación, el Dr. Filippo Anelli, presidente de la Orden Italiana de Médicos, declaraba a los principales medios y agencias de noticias italianas el rechazo categórico en recibir la vacuna por parte de 100 médicos de los 400.000 operantes en el territorio. Una noticia que ya se veía llegar en vista de una contradictoria posición del gobierno italiano a través de la secretaria del gobierno para el sector salud, Sandra Zampa, quien declaraba horas antes que se pronunciase Anelli sobre posibles sanciones como despidos para aquellos empleados del sector sanitario público que se declararan opuestos a recibirla. Igualmente, en la provincia de Brescia (Lombardia), una de las más golpeadas con víctimas y casos, en algunos hogares geriátricos se manifestaron objeciones por parte del personal interno. De 10 operadores, aproximadamente 7 rechazaron querer aplicarse la vacuna.
La libertad en todo este complejo panorama juega un papel fundamental. Y aquí, esa libertad se basa sobre una cuestión ética que ha sido colocada desde el inicio por el gobierno italiano cuando se decretó que la vacunación sería opcional, pero a discreción de la situación actual. Es decir, jamás se hubiese esperado que un grupo de profesionales de la salud la rechazase, pero al estar amparados por el art.32 de la Constitución italiana que cita: “Ninguno podrá ser obligado a un determinado tratamiento sanitario a menos que sea dispuesto por una ley », no estarían obligados a recibirla. Para ello se requeriría, según los expertos constitucionalistas, de una ley emanada por el Gobierno para poder imponer una obligación concreta y no de un Decreto de rápida emanación e implementación.
Pero la vacuna ha suscitado también lágrimas de emoción, desde la inminente aceptación de quienes han visto fallecer sus seres queridos pasando por quienes han experimentado la enfermedad, así como quienes ven en la vacuna una luz al final de una espiral donde se transita en perenne estado de alerta e incertidumbre. El objetivo es terminar en septiembre del 2021 y alcanzar los 42 millones de vacunados. En febrero tocará a las personas con más de 80 años, en abril a los sexagenarios. Se considera que por debajo de un 70% de adhesión a la campaña de vacunación estaría en riesgo la inmunidad colectiva. Resta por agregar el innegable temor o expectativa que esta vacuna comporta para la población mundial, pero para seguir adelante se necesita confianza en la ciencia para superar cada espiral que este virus nos está imponiendo. Nuestra sobrevivencia como especie está determinada por una libertad que va más allá de lo personal, una nueva libertad que implica una conciencia colectiva.
