En Colombia, la lucha contra la violencia sexual se ha convertido en una prioridad inaplazable. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que el principal motivo de ingreso de niños, niñas y adolescentes a procesos administrativos de restablecimiento de derechos es la violencia sexual.
La frecuencia de estos delitos de violencia sexual, especialmente contra la niñez y adolescencia refleja la urgencia con la que debemos actuar. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha realizado en los primeros meses de este año miles de exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales, destacando que el mayor porcentaje de los casos son de menores de edad.
En el ámbito educativo, la situación es igualmente grave. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar registró un total de 3.031 casos de agresión escolar con connotación sexual en 2023, y en Bogotá, el Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría de Educación del Distrito reportó 7.360 situaciones de violencia sexual en instituciones educativas en el mismo periodo.
Estas cifras subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, promover una cultura de prevención y de educación, y asegurar una cooperación interinstitucional efectiva. Cada caso de violencia sexual que se presenta es un llamado a la acción para proteger a los más vulnerables, asegurar justicia para las víctimas y construir una sociedad en la que los derechos humanos sean respetados y valorados por todos.
Para hacer frente a esta situación, desde la Procuraduría General de la Nación, en el marco de su función preventiva se ha estado adelantando seguimiento, vigilancia y control a las acciones de las entidades responsables, y ha emitido observaciones a partir de informes preventivos sobre la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en entornos educativos.
Además, ha venido realizando seguimiento a las investigaciones de orden disciplinario que corresponden a hechos de violencia sexual ocurridos en las instituciones educativas de cada Entidad Territorial Certificada en Educación. La Procuraduría, entre 2023 y abril de 2024, asumió el poder disciplinario preferente para 32 casos de acoso sexual a estudiantes por parte de docentes. También, durante ese mismo periodo, ha priorizado la intervención en 1.384 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
El pasado 29 de abril, desplegamos al mismo tiempo visitas presenciales de sorpresa a 179 instituciones educativas de todo el país para verificar el funcionamiento de los comités escolares de convivencia, en relación con el acoso y la violencia sexual. Entre los hallazgos, estamos evaluando 44 casos para la correspondiente investigación disciplinaria a rectores y/o funcionarios de las instituciones educativas que atienden o conocen las situaciones que pueden ser constitutivas de delito contra la integridad y la formación sexual, por haber omitido la remisión a las autoridades competente de estas situaciones o por no contar con el protocolo para prevenir y atender oportunamente las violencias basadas en género que se puedan presentar en la institución educativa.
No hay que bajar la guardia en la lucha contra la violencia sexual en los colegios. Se requieren acciones concretas y resultados tangibles por parte de toda la institucionalidad responsable de la protección integral de la niñez, especialmente con aquellas condiciones en que su grado de vulnerabilidad los pone en mayor riesgo de convertirse en víctimas de cualquier forma de violencia sexual. Solo así podremos aspirar a un entorno seguro para todos, donde este flagelo sea un recuerdo del pasado y no una realidad del presente.
