Los testimonios de las Madres de Soacha son desgarradores. Frente a la JEP, aseguran ya no tener lágrimas debido a todos los años que llevan llorando a sus hijos. Al dolor de perder a sus seres queridos, se le suma la terrible certeza de que los victimarios son quienes tenían la función de protegerlos. La violencia no acaba con la pérdida. Se mantiene como un reflejo del abandono estatal y la injusticia a la que siguen sometidos los familiares de las víctimas.

El reciente descubrimiento de la fosa común en Dabeida, trajo de vuelta a la palestra pública uno de los eventos más atroces —entre los muchos— que se han dado en Colombia. Junto a los combatientes también había jóvenes inocentes, cuyo único delito fue ser pobres. Si bien el fenómeno de asesinar civiles ajenos al conflicto para hacerlos pasar como guerrilleros no es una práctica reciente, sí se recrudeció con la Seguridad Democrática. Los informes oficiales muestran una subida aterradora en las cifras durante los años en que estuvo vigente. La presión de altos mandos para mostrar resultados, que legitimaran el accionar del Gobierno en su lucha contra la guerrilla, aunado a un plan de “beneficios” por bajas dentro del Ejército, condujeron a la caza de personas de bajos recursos que sirvieran de “trofeo” a los militares implicados. De esa manera, conseguían permisos, medallas o pagos extras. La vida de una persona, era equiparable a un fin de semana de paseo.

Mucho se ha hablado de este trágico episodio. Se pretende que el pasado se olvide, se desvanezca en los recuerdos de un país que, acostumbrado a la barbarie, cada vez tiene menos memoria. Aunque intentan ocultarlo, siguen apareciendo las pruebas de los crímenes. Los cuales permanecerían en la sombra de no ser por el actuar de la JEP y su pretensión de verdad. La fosa de Debaida fue descubierta gracias al testimonio de un militar vinculado al caso. De no ser así, esta sería la hora en que esos inocentes seguirían ocultos para beneficio de algunos personajes que se lucran de la guerra y han hecho de ella la fuente de su riqueza.

Se insiste con un discurso de “manzanas podridas” dentro de la institución, como si se tratara de casos aislados, sin premeditación, desconocidos por los altos mandos encargados de dar las órdenes. Sin embargo, se estima que las cifras de víctimas de Falsos Positivos fueron entre 2 000 y hasta 10 000. ¿Es posible que ningún alto funcionario del Gobierno se enterara de esto? Más cuando la forma de ejecución de civiles estaba plagada de errores simples en el montaje. Errores como ponerles botas nuevas, equivocar la mano donde ponían el fusil, uniformes sin agujeros de bala. ¿No es prueba eso de un actuar sistemático en beneficio de unos pocos militares y poderosos necesitados de crear cortinas de humo de una supuesta seguridad?

Es inaudito que se repitan hechos tan crueles. Al día de hoy, parecen no haber terminado. Si los asesinatos fueron en realidad producto de unos pocos militares, ¿fue entonces el Gobierno tan poco apto para no notarlo o, simplemente, la complicidad convenía más que la condena? ¿En qué tribunal se les otorgará a los familiares de las víctimas la paz para sus dolores y sus luchas? ¿Cuántas fosas hay ocultas? ¿Cuántos inocentes que siguen desaparecidos murieron por culpa de los Falsos Positivos? ¿Por qué continúa esta modalidad y nadie hace nada? ¿Cuándo será que la tranquilidad y la vida dejen de ser un privilegio para los más desfavorecidos?

@MariaMatusV