La educación en Colombia es un derecho fundamental y también un servicio público, este modelo mixto es problemático para algunos expertos. Entre otras razones por la forma como se accede al derecho, pues no es lo mismo en calidad de ciudadano que en condición de cliente. De fondo lo que hay es una discusión sobre el valor de la educación que normalmente se da en la esfera pública.

En la enseñanza privada estas cuestiones suelen ser menos visibles, pero la llegada del COVID-19 ha revelado una tensión entre los colegios y los padres de familia. Los últimos reclaman disminuciones representativas que sospecho no lograrán, pues según mis averiguaciones, han subido las mensualidades y matriculas salvo unos pocos, el descuento que concedieron es del 10% para algunos meses. Eso si, con plazos mayores para los pagos y financiamiento.

Los colegios justifican lo anterior en sus costos fijos y en la forma como se definen los presupuestos de las instituciones escolares. Resulta que el gobierno cada año les indica el porcentaje máximo que pueden subir sus tarifas, a esto se le llama régimen de libertad regulado, al que pertenecen los que obtienen buenos resultados en las autoevaluaciones institucionales. Afirman que, de no aplicar el incremento autorizado, cuando el próximo año pretendan subir el valor de la mensualidad tendrían que hacerlo sobre una base que ya viene congelada.

Pero lo cierto es que, el aislamiento limita el uso de la infraestructura permitiendo un ahorro en mantenimiento y servicios públicos. Pregunto: ¿a quien se le esta transfiriendo este ahorro? Porque no se les traslada a los padres a través de una disminución en las pensiones o creando fondos de auxilio para las familias que demuestren no poder pagar a causa de la pandemia. ¿Durante la coyuntura podrían apoyarse en los bonos? este es un pago inicial que establecen algunos colegios, funciona parecido a la acción de un club que, a diferencia de estos, han bajado las cuotas a sus socios entre el 20 y 30%

En condiciones normales se espera que las partes honren las obligaciones derivadas de los contratos que suscriben, por ejemplo, el de educación. Sin embargo, en medio de una pandemia se avizoran miles de incumplimientos, presenciamos una época de oro para el derecho civil y su teoría de la imprevisión.

Lo que está en juego no es poca cosa, ya se habla de cambiar a los alumnos a colegios internacionales con experiencia en virtualidad y a un promedio de US2.000 el año. Todas estas decisiones habrá que revisarlas cuidadosamente, pues preocupa la estabilidad de los niños y la garantía del cupo una vez pase la pandemia y aspiren a volver.

La situación no es fácil pues la relación entre padres de familia y colegios es muy particular, refleja un alto grado de confianza al compartir nada menos que, la educación y formación de los hijos. Romper ese nexo supone renunciar a unas apuestas iniciales, no solo a nivel académico, también a la calidad de las instalaciones, preocupan los lazos sociales establecidos, y la pérdida de otras herramientas que les allanan el camino hacía un mejor futuro.

Esto sería distinto si el gobierno hubiera acogido algunas de las propuestas de los colegios para aminorar el impacto de lo que se viene, pero la opción anunciada fue concederles créditos y, el endeudamiento ahora no parece ser la mejor salida. Les resta a estas instituciones ser muy creativas financieramente y decidir si privilegiar sus relaciones actuales o sus utilidades futuras.

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