La figura del Procurador General de la Nación aparece por primera vez en un decreto del Libertador Simón Bolívar, que al final no fue acogido por el Congreso Nacional de Angostura del 25 de febrero de 1819.

De esa época hasta hoy muchas cosas han cambiado. Lo que a la fecha tenemos, según la Constitución del 91, es un Ministerio Publico autónomo e independiente de las demás ramas del Estado, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, y así debemos mantenerlo.

Independiente de si nos gustan los puntos de vista o nos disgusta la persona del procurador actual, lo cierto es que esa entidad, en términos generales, cumple funciones preventivas, disciplinarias, de defensa de los derechos humanos y de intervención judicial. En desarrollo de las mismas casi que uno puede ver la realidad del país y de Barranquilla, sobre todo conociendo el contenido de las más de 550 solicitudes mensuales que recibe la Procuraduría Regional del Atlántico.

Peticiones, solicitudes de intervención e investigación, reclamaciones y anónimos –algunos sin fundamento– son atendidos, de manera permanente, por esa autoridad. La mayoría de esos procesos son por problemas en materia de salud, servicios públicos, ambientales y de víctimas, lo que demuestra que es ahí donde tenemos mayores problemas.

A ello súmele el ruego diario de seres humanos que acuden a esta entidad en búsqueda de alguna protección de sus derechos, ya sea para simplemente solicitar que una EPS los atienda o para lograr que algún funcionario o autoridad llena de soberbia responda un simple derecho de petición.

De ese mar de solicitudes de protección de derechos que disparan el actuar preventivo, y algunas veces el judicial de la Procuraduría, surgen en la ciudad alrededor de 70 procesos disciplinarios mensuales, que en promedio duran hasta tres años en resolverse. Hoy, gracias a la oralidad y si las partes no lo dilatan, pueden terminar de manera rápida.

Para atender ese monumental mundo de sueños, expectativas, deseos y hasta de maldades que llegan a la Procuraduría Regional solo hay 10 funcionarios en la parte disciplinaria y cinco en la preventiva, con el agravante de que Barranquilla ya no cuenta con la Unidad de Investigaciones Especiales, lo que obliga a esperar a que desde Bogotá designen un perito o un experto para tratar algún asunto en particular.

Si lo anterior preocupa, mucho más lo es que en la parte disciplinaria el procurador es investigador y juez al mismo tiempo, lo que además de ser un contrasentido en pleno ejercicio del debido proceso, mucho más lo es si esto es aplicado por la Procuraduría como garante de derechos. Por eso, ya es hora de que esas funciones se separen.

Barranquilla y el Atlántico tienen una Procuraduría que cumple con excelencia, con creces y en muchas ocasiones hasta con las uñas su labor, pero es necesario que tenga más personal, no solo con aptitud para combatir con fuerza la corrupción y la impunidad sino con actitud para entregar hasta el alma por los ciudadanos, a fin de que estos puedan lograr el reconocimiento de sus derechos y oportunidades, que en muchos casos son negados, como resultado de una mala gestión pública o de un manejo inadecuado del patrimonio de todos.

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