Ha pasado apenas una década desde que una Cataluña pacíficamente integrada en el llamado Estado de las Autonomías español se convirtiera en la parte más inquieta de la península y el problema catalán en una verdadera pesadilla para los gobernantes en Madrid.
La sentencia del Tribunal Supremo del lunes de la semana pasada que castigó a nueve líderes del separatismo con largas penas de cárcel por haber llevado a cabo en 2017 un referendo ilegal por la independencia ha generado una semana de inéditos disturbios violentos en las calles de Barcelona y de otras localidades de la región. La dureza de la respuesta callejera parece haber sorprendido no solamente al gobierno español sino también al propio movimiento independentista. Pero mientras que algunos de los líderes recién condenados se distanciaron claramente de la violencia como algo ajeno del movimiento, el President del gobierno catalán Quim Torra –en cumplimiento de las órdenes de su Spíritus Réctor, el huido expresidente Carles Puigdemont– continúa jugando con posiciones maximalistas e intransigentes.
Para el gobierno español en funciones del socialista Pedro Sánchez la escalada del conflicto catalán llega en el peor momento. Como la fuerza más votada en las últimas elecciones generales de abril de 2019 los socialistas pudieron recuperar gran parte del terreno perdido con la reciente fragmentación del sistema partidista español. Pero, su triunfo de abril resultó pírrico dada la falta de socios políticos fiables para formar un gobierno estable.
En un clima altamente polarizado por la crisis catalana y el surgimiento de un nuevo partido de extrema derecha (VOX), Sánchez se enfrentaba con una negativa rotunda de cooperar de los dos partidos del ámbito centro-derecho, el Partido Popular y Ciudadanos. La única opción viable, en cambio, se presentaba a través de algún tipo de acuerdo con Unidas-Podemos, la alternativa izquierdista, cuyo líder, Pablo Iglesias, hipotecó las negociaciones con demandas, a fin de cuentas, inaceptables para los socialistas de Pedro Sánchez.
Es ante este trasfondo que se explica que en la fecha próxima del 10 de noviembre los españoles estarán nuevamente llamados a las urnas, concretamente, por cuarta vez en solo cinco años. Todavía es demasiado temprano para pronosticar de qué manera la reedición de la crisis catalana influirá los resultados de la jornada del 10-N.
Pero lo cierto es que los más recientes disturbios callejeros así como los mensajes de intransigencia del gobierno catalán han perjudicado claramente al presidente en funciones Pedro Sánchez y sus expectativas de ampliar su mayoría parlamentaria.
Y cabe preguntarse si los líderes del movimiento catalanista realmente pueden estar interesados en tener como interlocutor a un gobierno de centro-derecha, evidentemente, mucho menos dispuesto al diálogo que el ejecutivo actual.
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