Admito no saber mucho de la política peruana como para opinar sobre la crisis institucional tras la disolución del Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra. Pero al juzgar por una encuesta reciente podría asumirse que la jugada –controvertida pero al parecer legal– no le pasará mucha factura. Según el Barómetro de las Américas Lapop, publicado por el portal Statista, el 58,9% de los peruanos y peruanas apoya, en términos generales, la disolución del parlamento por parte del poder ejecutivo. En México, el siguiente en el ranking, la proporción de ciudadanos que estarían a favor de un cierre del Parlamento por parte del Presidente es del 28% y en Colombia, para mi tranquilidad, baja al 16%. Venezuela no sale en la encuesta, pero ya se sabe que las relaciones entre instituciones allí son, cuando menos, confusas.
Pero los “autogolpes” se han hecho populares también fuera de América Latina. Un episodio fue el intento del primer ministro británico Boris Johnson de decretar una suspensión del Parlamento de Westminster para que sus señorías no pudieran entorpecer su plan de un Brexit duro el 31 de octubre. El Tribunal Supremo tumbó esta medida antidemocrática de Johnson por unanimidad. Ahora queda por ver si el primer ministro se atreve a saltarse una ley del propio Westminster que le exige pedir una prórroga a la Unión Europea para evitar el caos de un Brexit sin acuerdo.
Johnson no muestra mucho respeto por la Cámara británica ni comparte obviamente la decisión del Supremo. Para él y los suyos la “voluntad del pueblo”, es decir el 52% de gente que votó a favor de que el Reino Unido abandonara la UE en el referéndum de 2016, está por encima de todo. No importa que nadie entonces supiera cómo se llevaría a cabo el Brexit ni qué consecuencias tendría. Johnson se atribuye el derecho de decidir el solo cómo llevar a cabo esa “voluntad” manifestada hace tres años.
El presidente Donald Trump, que comparte mucho con su colega británico, también suele invocar la voluntad del pueblo para justificar todo tipo de medidas inciviles y arremeter contra jueces e instituciones que forman parte de los “check and balances” de la democracia.
Y en España, los separatistas catalanes consideran que el 47% de los votos, que les aporta una mayoría absoluta en el parlamento de Barcelona, también les otorga el mandato de hacer realidad la anhelada república independiente, sin importarles el marco legal. Mientras que el primer ministro de Hungría, Victor Orbán, ha cambiado la constitución a su medida, convirtiendo el país en un Estado autocrático. Y sigue cosechando mayorías en las urnas.
Dan miedo los políticos que reclaman “hablar en nombre del pueblo”, pero mucho peor es cuando los más demagogos lanzan el mensaje de que “la voluntad del pueblo” está por encima del marco constitucional y las instituciones. Y peor aún es cuando la gente compra este discurso. Con buen motivo, en democracia el ganador de una votación no puede hacer simplemente lo que le dé la gana.
