Hace pocos días nos hemos enterado de los resultados del reporte elaborado por el DANE sobre los nacimientos ocurridos en el primer trimestre del presente año. La información que se ha entregado por esta agencia oficial resulta ser altamente preocupante para la sociedad colombiana y exige una inmediata acción de las diferentes entidades del Estado que tienen directas responsabilidades en el desarrollo y adelantamiento de la política de salud sexual y reproductiva, principalmente en el tema del embarazo de las adolescentes.

Según el DANE, solo en ese primer período del año 2018 nacieron 1.279 niños cuyas madres son igualmente unas niñas, pues sus edades oscilan entre los 10 y 14 años. En otras palabras, en el caso de estas “niñas-madres” o “madres-niñas”, resulta evidente que a la infancia en Colombia se le siguen irrespetando sus derechos, sobre todo si se tiene en cuenta que de acuerdo con el código penal vigente en este país, por definición, toda niña menor de 14 años que resulte embarazada se considera víctima de abuso.

Desde el punto de vista de salud pública, el embarazo en la adolescente resulta ser una verdadera tragedia, porque no se puede llamar de otra forma. Son más que conocidas las implicaciones para estas gestantes que incluyen las complicaciones del embarazo como la preeclampsia y las que pueden darse en el mismo proceso de parto, generando morbilidad y en ocasiones hasta la misma muerte de estas jóvenes. Por el lado de los niños el panorama no es mejor, pues la salud de ellos se ve afectada desde su mismo nacimiento con malnutrición y retraso óseo, entre otros riesgos.

Debe decirse entonces que aunque en nuestro país existan programas diseñados por las autoridades nacionales para contrarrestar este innegable y grave problema de salud pública, la realidad es que los embarazos en menores siguen presentes, con el agravante que con seguridad dentro de estos casos reportados recientemente por el DANE deben haber nacimientos de bebés cuyo origen es el acceso carnal abusivo a estas menores.

Si bien es cierto que esta realidad no es nueva en Colombia y amerita que se haga un trabajo integral que dinamice la movilidad social y económica de los grupos más pobres de la población –que son en los que desafortunadamente con más frecuencia ocurren estos embarazos– no es menos cierto que esta situación debe ser abordada cuanto antes por el Gobierno como prioridad temática en la salud pública de este país, que es una de las líneas estratégicas que ha anunciado el gobierno del presidente Duque, que desarrollará para garantizarle el derecho a la salud de los colombianos.

Así las cosas, el tema de las “niñas-madres” impone al actual Gobierno los inaplazables y urgentes retos de construir una política pública consistente frente al embarazo de la adolescente y crear las condiciones que promuevan y garanticen la salud de este grupo poblacional, el respeto a sus derechos, para que así en Colombia las niñas sean niñas, las adolescentes sean adolescentes y solo sean madres cuando estén física y emocionalmente preparadas para serlo.