La semana anterior fue presentado ante la Secretaría del Senado de la República el proyecto de ley que pretende darle ‘dientes’ a la Superintendencia Nacional de Salud para que pueda actuar más severamente frente a las EPS, IPS y otros actores del sistema que incumplan con sus deberes. Este proyecto, que pretende reformar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, es liderado por el actual superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.
Dentro de este propósito, la propuesta, por ejemplo, incluye como un tipo de sanción la remoción del cargo de los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de las EPS o de las demás entidades vigiladas, y como consecuencia de esta sanción se establece una inhabilidad de 15 años.
Según Aristizábal, esta iniciativa tiene cuatro alcances importantes: el primero se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud; el segundo enfoca consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud; el tercero contempla que el Gobierno nacional pueda fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias; y el cuarto faculta a la Supersalud para emitir instrucciones contables a sus vigilados frente al reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros.
Sin restarle méritos a este proyecto de ley, reconociendo que para el objetivo pretendido por parte de la “nueva” Supersalud debe modificarse su actual régimen sancionatorio, sigo siendo de la opinión –como muchos otros– que para lograr lo que ha anunciado este Gobierno de “avanzar en la garantía del acceso y calidad de los servicios de salud”, además del fortalecimiento de dicha agencia estatal de control sectorial en los cuatro alcances planteados, para que se pueda consolidar verdaderamente la defensa del derecho a la salud en Colombia, además de las nuevas sanciones o del aumento de las ya existentes, se debe proponer una reforma integral al sector salud de este país.
Tal vez por eso Juan Pablo Uribe, ministro de Salud y Protección Social, ya empezó a ambientar el tema cuando en una reciente entrevista en un diario capitalino mencionó que se debe trabajar en la presentación de “reformas al sistema de salud que eviten que a futuro se repitan las circunstancias” que hoy tienen a este sector sumido en la peor crisis de su historia.
Así las cosas, personalmente creo que el citado proyecto de ley presentado pudiera ser solo el capítulo de inspección, vigilancia y control del sistema dentro de la propuesta integral de reforma estructural que se requiere en el sector salud, dado que la anhelada reforma no puede limitarse a modificar el régimen sancionatorio a cargo de la Supersalud, definiendo más sanciones y más multas.
Sugiero que el ministro Uribe como responsable de la política sectorial de salud, lidere la acumulación de los buenos contenidos de todos los diferentes proyectos de ley e iniciativas al respecto, para armar la propuesta de la gran reforma que requiere la salud colombiana.
Solo así podremos “avanzar en la garantía del acceso y calidad de los servicios de salud”.
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