Cuando creíamos haber tocado cantinflesco fondo, con la imputación de corrupción al jefe anticorrupción de la Fiscalía, surgen nuevas investigaciones a dos de los senadores más votados del país, a otro senador que además es presidente de un partido y a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia —sí: ‘Suprema’— por diversas trampas y tramoyas. Pone a prueba nuestra credulidad que de repente la prensa nacional se exalte y se indigne, como si se acabara de enterar del actuar de funcionarios que venían siendo cuestionados desde hace tiempo. Pero es que, hasta que aparecieron los gringos con las pruebas, fueron consentidos del gobierno e intocables para la prensa.
Tomemos, por ejemplo, al exmagistrado José Leonidas Bustos. A pesar de las denuncias que la periodista Salud Hernández-Mora hacía repetidamente en su contra, la revista Semana no tuvo reparos en bautizarlo “el magistrado que Santos necesita para la paz”. Y ningún medio se inmutó cuando dijo que “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz”, peregrina ocurrencia que algunos colegas suyos calificaron de potencial golpe de Estado.
Comparemos eso con el trato que recibió otro jurista emproblemado, el exmagistrado Jorge Pretelt, y veremos que el favor mediático del que gozaran las figuras públicas durante el último lustro era el resultado de una ecuación con una sola variable: su entusiasmo por la negociación del gobierno y las Farc. Pretelt tenía fama de uribista y como tal fue tratado: la prensa se ensañó con él. Los ‘Ñoños’, ‘Musas’ y Bustos eran nobles defensores de la paz y, como tales, gozaron de presunción de puridad.
No es que fuera pecado apoyar la negociación. Pero para nadie es secreto que este gobierno fue, entre otras cosas, el gobierno de la pauta publicitaria. Nunca antes se vertió tanto dinero público sobre los medios de comunicación, en especial los capitalinos. Según cuentas que hice para una columna anterior, por varios años el gasto en publicidad y eventos alcanzó el millón de dólares diarios.
Si el silencio ante las sospechas que ensombrecían los apoyos al acuerdo en La Habana fue pagado con pauta, la prensa nacional es cómplice y coadyuvante del naufragio que estamos presenciando. Me refiero a la desinstitucionalización casi total del país, consecuencia de la compra de patrocinios a una negociación que no tenía suficiente respaldo popular. Los partidos políticos, el Congreso, las Cortes, la justicia en general, el Ejecutivo, la economía, los gremios, la educación, la competitividad, el deporte, la ciencia, la propia prensa: todos sacrificaron la credibilidad o la cartera —o ambas— en el altar de la paz. Pero algo está saliendo mal, porque la paz es orden, y Colombia está en caos.
Lo más triste de todo es que el desmantelamiento institucional, incluyendo el papel que jugó la prensa en él, fue financiado con nuestros impuestos. Es como si hubiéramos adquirido un puñal de oro y piedras preciosas para hacernos un costoso harakiri nacional. O, como diría Nicolás Maduro, un ‘autosuicidio’ colectivo.
Me dicen algunos amigos —personas serias, inteligentes, bienintencionadas— que esos son los costos de desmovilizar a la guerrilla. Pues comienzan a parecer demasiado altos. Y eso que apenas estamos comenzando a pagarlos.
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