Compartir:

Dentro del proceso que la Fiscalía colombiana adelanta en contra de Carlos Mattos, el día de ayer 4 de octubre, el Juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento y libró en su contra una orden de captura. El juez no hizo referencia alguna a medidas restrictivas de la libertad fuera del territorio colombiano.

Registramos con preocupación que el juez de control de garantías, alejándose de sus deberes, mostró, desde el inicio y hasta la culminación de las audiencias celebradas el 3 y el 4 de octubre, una gran aversión hacia la defensa de Carlos Mattos y todas las labores que permitieran reivindicar hasta los más mínimos derechos que le asisten.

Dada esta situación, el resultado era esperable. La imposición de medida de aseguramiento se produjo después de una audiencia en la cual la Fiscalía dijo sustentar su solicitud en unas 1500 páginas de elementos de prueba, para cuya contradicción la defensa solamente dispuso de la noche de anoche, y no gracias al juez.

El juez no ocultó su ánimo de impedir a la defensa acceder a los elementos de prueba que aportó la Fiscalía, y a pesar de ello, la defensa controvirtió los ejes centrales de la argumentación de la solicitud.

El juez de garantías, apartándose totalmente de la legalidad, confesó no haber leído una sola página de las presentadas en audiencia y desechó los argumentos de la defensa, diciendo que controvertir a la Fiscalía era un problema de instancias posteriores. Impuso así una medida de aseguramiento que consideramos temeraria, pues no encuentra su asiento en elemento probatorio alguno.

Fueron tan escandalosas, tanto la falta de garantías para acceder a las pruebas por parte de la defensa, como la orfandad de asiento probatorio de la decisión, que el señor Procurador se vio en la necesidad de solicitarle al juez de segunda instancia que, cuando decida la apelación de la defensa, decrete la nulidad de la decisión.

Lo ocurrido confirma que, a la ya denunciada falta de garantías apreciable en la Fiscalía colombiana, se suma la falta de posibilidades de defensa ante los jueces.