La subasta de energías renovables llevada a cabo el año pasado en nuestro país fue considerada un éxito, ya que el país superó la meta de incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables, pasando de menos de 50 megavatios a más de 2.200 megavatios de capacidad instalada para el 2022. Adicionalmente se logró que la subasta cerrara con un precio promedio de asignación de $95,65 kilovatio hora, cerca de $50 por debajo del promedio actual del costo de generación de contratos bilaterales y, para la inversión en Colombia, significó proyectos que inyectarán más de US$ 2000 millones.
Como lo mencioné, el precio por kilovatio fue muy favorable y, es por aquí por donde comienzan los retos y desafíos en la implementación y desarrollo de estos proyectos a largo plazo. Si bien es cierto, el precio final es positivo, surgen inquietudes relacionadas con que, las siete empresas que fueron favorecidas puedan mantener dicho valor a largo plazo, ya que es por todos conocido que, dicho valor se situó muy por debajo de los valores reales por kilovatio hora de los proyectos de energía renovable, de tal manera que el riesgo de mantener dicho valor es muy alto para la estabilidad financiera de las empresas adjudicatarias.
Ahora bien, dentro del marco regulatorio ambiental se estableció que los proyectos para generación de energías renovables no deben agotar el trámite de Diagnostico Ambiental de Alternativa (DAA), sin embargo las líneas de transmisión que se requieren para que dichos proyectos se conecten al sistema de transmisión, deben agotar dicho trámite, es decir presentarle a la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA) al menos dos alternativas para determinar cuál es la que genera menor impacto ambiental, es decir, adelantar mínimo dos estudios que determinen la línea base de las dos alternativas desde el punto de vista biótico, abiótico y socioeconómico que le permitan a la ANLA, seleccionar la mejor alternativa. Esto quiere decir, tiempo y costos.
Posteriormente, una vez agotado el trámite del DAA y seleccionada la mejor alternativa, viene uno de los retos y desafíos más exigentes y es que, se deben agotar las respectivas consultas previas con las comunidades étnicas existentes en el área de influencia de cada proyecto, procesos que, si bien es cierto hoy en día no son tan complejos, si toman tiempo y dedicación para lograr acuerdos beneficiosos tanto para las comunidades, como para las empresas. En este punto es muy importante señalar que, no es sólo lograr los acuerdos, sino el cumplimiento a cabalidad de los mismos.
En este punto de estado de los proyectos, es preciso señalar que, no se ha podido iniciar la construcción de los mismos, ya que, aún no se cuenta con la licencia ambiental que, incluye la construcción y la operación de éstos.
Y ese es el otro reto, adelantar el estudio de impacto ambiental, de acuerdo con los términos de referencia establecidos por la autoridad ambiental, con el fin de lograr que el trámite de la obtención de la licencia no sufra demoras ni tropiezos en razón de requerimientos de información adicional o complemento de algunos estudios, lo cual implica más tiempo y recursos económicos.
No se debe olvidar que, para este tipo de proyectos, se debe agotar el estudio de prospección arqueológica y tramitar las autorizaciones correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), trámite complejo, por cuanto es posible determinar hallazgos arqueológicos que impliquen la implementación del Programa de Arqueología Preventiva, con el fin de formular las medidas de manejo que garanticen su protección.
De todo lo anterior, queda claro que, los retos y desafíos de la subasta de energía para las empresas adjudicatarias se centra en mantener su estabilidad financiera, debido al precio final de kilovatio hora adjudicado, pero también lograr la obtención de la licencia ambiental, tramitar de manera exitosa la consulta y/o consultas previas necesarias y tramitar los permisos de prospección arqueológica necesarios, en un lapso que, a mi juicio se antoja un poco corto, ya que, dichos proyectos deben entrar en operación en el 2022.
JAVIER EDUARDO TRILLOS MUÑOZ
Director Unidad Ambiental y Desarrollo Energético
ARAUJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S.
