En vista que la emergencia carcelaria no ha servido de nada para superar el problema del hacinamiento en las cárceles del país, al Gobierno no le queda otra alternativa que la emergencia social en los centros de reclusión.
La propuesta la hizo al mediodía de ayer en Montería el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Otálora Gómez, quien estuvo en el hotel Sinú donde se reunió con defensores de derechos humanos para analizar varios temas que aquejan a esta región.
'Ayer me reuní con el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, para mirar el plan de choque que se está manejando y haciendo una evaluación de la emergencia carcelaria que lamentablemente no ha servido para nada. Por eso la Defensoría insiste en demandar del Gobierno nacional una emergencia social que trae la Constitución', dijo Otálora Gómez.
Agregó que con dicha alternativa tendrá el Presidente, Juan Manuel Santos, unas herramientas distintas para enfrentar la grave problemática de derechos humanos que afrontan miles de colombianos internos.
Aclaró que con la emergencia social lo primero que debe hacer el Estado es armonizar el sistema penal e insistió en que existen una cantidad de presos que no requieren medida de aseguramiento.
'Fue un error del sistema penal acusatorio cuando se implementó haber subido las penas generales a todos los delitos del Código Penal, es decir, no se hizo un estudio de política criminal y por eso quedaron cobijados con medida de aseguramiento una serie de delitos que con la anterior normatividad no la tenían', explicó.
Para el defensor entre los delitos que no ameritan medida de aseguramiento, están: el abuso de confianza calificado, las falsedades, la omisión de agente retenedor y otros que a bien deberá analizar el Estado.
